JESÚS M. CASTILLO · @jeswonehouse | El Gobierno de España, con el ministro Wert al frente, aprobó antes del verano una brutal subida de tasas de ingreso en las universidades públicas. Subida que todas las comunidades autónomas han puesto en marcha, ya sea yendo a la parte baja de la horquilla abierta por el Ministerio, como Andalucía1, o a la parte alta, como Madrid o Valencia. Ninguna comunidad autónoma se ha negado aplicar esta subida de tasas.
Las nuevas y desproporcionadas tasas están dejando fuera de la Universidad a miles de estudiantes y otros miles se han visto obligados a matricularse de muy pocas asignaturas, menos que un curso completo, al no tener dinero suficiente para estudiar. Aún, una parte importante del alumnado confía en recibir una beca de estudios que cubra su matrícula, lo que cada vez está más difícil por el endurecimiento de los requisitos2, y otra parte del estudiantado espera encontrar trabajo para poder hacer frente a la matrícula, una odisea más de un 50% de desempleo entre jóvenes.
Algunas voces justifican la subida de tasas como una “racionalización” del acceso a la Universidad Pública. Este argumento podría resumirse en algo tal que: al subir los precios el alumnado no se matriculará “a lo loco” y se preocupará más de estudiar de manera que no se malgasten, como hasta ahora, los recursos públicos. Se trata de un argumento falaz:
En primer lugar, es una medida injusta socialmente porque al subir las tasas fundamentalmente se “racionaliza” al alumnado con menor poder adquisitivo, hasta el punto de expulsarlo o impedirle el acceso a la Universidad. Se profundiza así la desigualdad de oportunidades.
En segundo lugar, porque el que se matriculen menos estudiantes no tiene porqué conllevar un mejor uso de los recursos públicos. Las clases pueden tener menos estudiantes y esto permitir una enseñanza de mayor calidad, pero esto ocurre igualmente cuando parte del alumnado matriculado no va a clase habitualmente. Además, una mejora en la calidad docente implica necesariamente una mejor formación del profesorado, aspecto ignorado desde las diferentes administraciones públicas. Incluso, una bajada en el número de estudiantes por clase puede llevar a despidos de profesorado, que ya están sucediendo por miles, de manera que vuelva a subir el ratio profesor/alumnos. ¿Despedir profesorado es “racionalizar”, con unas necesidades docentes y de investigación tan alarmantes en pro de un cambio de modelo productivo?
En tercer lugar, el aumento de tasas frena la matriculación lo que, netamente, conlleva una merma en los ingresos de las universidades públicas.
Además, no podemos olvidar que ponen en marcha la subida de tasas en un contexto de desmantelamiento de la Universidad Pública en el que atacan, desde el Gobierno de España, los respectivos gobiernos autonómicos y los rectorados, a los derechos laborales de las plantillas de las universidades a la vez que se privatiza la Educación Superior.
Y es que, en el fondo, el objetivo de esta subida de tasas es convertir un derecho como la Educación en un negocio, aumentando la competitividad de las universidades privadas a fuerza de adelgazar, precarizar y encarecer las públicas.
Como nos muestran, por ejemplo, los y las estudiantes canadienses y chilenas y los profesores de Chicago, luchar sirve, y solo mediante la movilización masiva y contundente del movimiento estudiantil y de las plantillas universitarias, apoyadas por el resto de la sociedad, podremos frenar la destrucción de nuestras universidades.
Jesús M. Castillo es activista de En lucha, profesor de Ecología y delegado sindical del Sindicato Andaluz de Trabajadores/as (SAT) en la Universidad de Sevilla.
13/011/2012
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