Ataque sin precedentes a las radiotelevisiones públicas que supone un retroceso del derecho a la información de la ciudadanía

El gobierno arremete contra el servicio público de la radiodifusión estatal y autonómica en un paso más para acabar con todo lo público en España. 

Un paso más para cercenar los derechos de la ciudadanía, en este caso el derecho fundamental a la información plural y veraz que deben desarrollar las radiotelevisiones públicas. El entorno mediático del Partido Popular llevaba semanas lanzando mensajes de que iban a tomar medidas para poner freno a lo que ellos consideraban ataques continuos a su partido en los informativos públicos, y acabar con el despilfarro de las autonómicas.

En consecuencia se ha llevado a cabo una campaña de desprestigio de lasradiotelevisiones públicas para bajo ese pretexto seguir recortando derechos y servicios públicos, y acceder definitivamente al control de los medios de comunicación públicos.

El proyecto de ley para flexibilizar los modos de gestión de los canales públicos de televisión autonómica abre la posibilidad de ceder a empresas privadas la producción y edición de toda su programación, incluidos los informativos o directamente que la gestión de la radio televisión autonómica sea privada. La cesión a manos privadas de dichas emisiones tendrá especial relevancia en los servicios informativos de las mismas, que hasta ahora estaban obligados a ser gestionados de forma pública. Esto supone que intereses privados y empresariales entran en contraposición con el derecho a la información. Pero la reforma va más allá permitiendo a las Comunidades Autónomas que presten el servicio público de televisión, sacar a concurso las frecuencias de las mismas, es decir acabar con su carácter de espacio informativo público. La norma, que se tramitará por procedimiento de urgencia, hace posibles las constantes peticiones de algunos de sus presidentes autonómicos, como Esperanza Aguirre, de posibilitar la privatización de las televisiones regionales.

El gobierno de los populares pone fin así al espíritu y posibilidad de una televisión pública no gubernamentalizada; la elección del presidente de RTVE ya no necesitará el consenso entre los principales partidos al facultar que el nombramiento del Presidente de la Corporación lo haga el gobierno. Volvemos a una radiotelevisión pública de partido político dominante.

En RTVE se retrocede para volver a épocas que se creían superadas de control político. El Consejo de Administración se reduce a 9 miembros. Y no sin importancia, sin dedicación exclusiva. Esta medida supone desprofesionalizar el Consejo ya que los consejeros se ocuparán de dirigir RTVE a tiempo parcial. Se acaba con la diversidad, profesionalidad y dedicación.

El posibilitar compaginar la dedicación a los medios públicos a la vez que se está subordinado a intereses privados, llama la atención frente a las regulaciones existentes en otras legislaciones de nuestro entorno. La referencia en cuanto a calidad e independencia entre lastelevisiones europeas, la BBC, elige a su presidente mediante un concurso público y los candidatos presentan currículo.

La ley de 2006 de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal establecía en una disposición transitoria que en el caso de que en una primera votación no se alcanzara el acuerdo de dos tercios del Congreso, dos meses después, se procedería a una segunda votación en la que sería suficiente una mayoría absoluta. Esta disposición sólo tenía validez para la elección del primer presidente de la Corporación. No obstante, el nuevo gobierno la hace valer exonerándose a sí mismo del compromiso de buscar el consenso que establecía la ley y abriendo así la posibilidad a una utilización partidista de los medios públicos.

Este ataque al servicio público audiovisual se suma al ataque a la sanidad y a la educación. Ataques a derechos fundamentales, al estado social y de derecho y ataque a la ciudadanía. Los derechos no se miden por su rentabilidad económica si no por su rentabilidad social. Los únicos perjudicados con estos ataques son los ciudadanos y ciudadanas y personas al servicio de las radiotelevisiones públicas que a pesar de su compromiso con la pluralidad y la democracia, su dedicación y su profesionalidad, ven como el partido en el gobierno ataca diariamente su trabajo y, ahora, ven peligrar además sus puestos.

30/04/2012 · Tercera Información