TERCERA INFORMACIÓN | Del Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes ha salido aprobado un Real Decreto por el que los parados que cobren una prestación por desempleo podrían dejar de hacerlo si no colaboran en las labores de limpieza de las zonas incendiadas este verano.
Lo ha anunciado Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia: "contemplamos la posibilidad de que,Administraciones Públicas y entidades sin ánimo de lucro,puedan requerir de los servicios públicos de empleo,personas que están siendo beneficiadas de una prestación por desempleo para que realicen tareas de colaboración en la limpieza de zonas afectadas por incendios forestales."
Este nuevo hito de violencia institucional contra los parados se enmarca dentro del Real Decreto Ley de medidas urgentes para paliar los daños a los afectados por los incendios.
Según la ministra de empleo, Fátima Báñez, "los trabajos serán de utilidad social y en beneficio de la comunidad", algo que no se distingue mucho de trabajos muy similares realizados por funcionarios públicos que sí perciben un salario a cambio. Añadía la ministra que, "en ningún caso podrá considerarse que exista una relación laboral entre la entidad que lo solicite y el desempleado."
Además "el trabajo deberá coincidir con las aptitudes físicas y profesionales del trabajador desempleado y no podrá implicar un cambio de residencia". Esta circunstancia podrá desembocar en la paradoja de que una Administración Pública requiera los servicios dedesempleados con aptitudes y condiciones para prestar los servicios y que se encuentran engrosando las listas de desempleo debido a los recortes que les han privado de un puesto de trabajo similar y a cambio del cuál recibían un salario.
Existe un precedente de esta hipotética situación que se produjo en la localidad deManzanares (Ciudad Real), el pasado mes de diciembre. Allí, el alcalde "popular", Antonio López pidió a los trabajadores de los servicios sociales que resultaron despedidos como consecuencia de los recortes, que trabajaran gratis como voluntarios, haciendo lo mismo por lo que hasta hacía muy poco percibían un salario.
Los parados que se nieguen a colaborar en estos trabajos forzados podrán ser sancionados e incluso podrán perder el derecho a la prestación.
Según el comunicado del Ministerio de Empleo: "En caso de negativa o incumplimiento de obligación por parte del desempleado será aplicable el régimen sancionador previsto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social". Las sanciones podrían constituir la pérdida desde tres meses de prestaciones hasta la supresión total de la misma. En el caso de trabajadores autónomos significará desde la pérdida de un mes y medio de la prestación hasta la extinción total.
El Gobierno impedirá que los parados que "acepten" estos trabajos forzosos reciban una contraprestación económica a cambio.
El Gobierno anuncia que quienes acepten podrían verse recompensados con un ligero aumento de su prestación por desempleo. Pero la propia ministra Báñez anuncia que nuncase darán las circunstancias por las que algo así pudiera ocurrir.
La mecánica es la siguiente: Un trabajador cuya prestación esté basada en el 70% de la base reguladora podría ver aumentada esa cifra al 100% si trabaja a jornada completa, pero advierte la ministra Báñez que ningún parado podrá trabajar más horas de las que les corresponderían en función del importe que perciban; o lo que es lo mismo, se recompensaría a aquellos que trabajasen más horas pero no se permitirá a nadie trabajar más horas.
08/09/2012
¿Y por qué no se les hace un contrato de trabajo por el tiempo necesario?. Basta ya de subvenciones. Se necesitan trabajos no subsidiarios ni esclavos.
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