10 de mayo de 2012

El avance hacia el modelo neoliberal de la Universidad Pública

El pasado 17 de noviembre, día internacional del estudiante, hubo una protesta estudiantil masiva en todo el Estado español (también se produjeron movilizaciones en todo el mundo) por los ataques que está recibiendo la educación pública.

En Sevilla, entre 4000 y 6000 estudiantes salimos a la calle contra la reforma de la Ley Andaluza de Universidades (LAU), aprobada con carácter de urgencia finalmente el día 23 de noviembre. Los estudiantes volvieron a mostrar su oposición en una acampada la noche del 22 de noviembre en la puerta del Parlamento de Andaucía y con una concentración el mismo día 23 junto con CC.OO. y U.G.T. 

En Andalucía el motivo principal por el que los sindicatos mayoritarios decidieron unirse no fue el recorte en los servicios públicos (que aunque han mostrado su desacuerdo, las movilizaciones son menores, entre otras razones, por la proximidad de las elecciones y una menor agresividad en el recorte), ni una reforma laboral que nos sigue arrastrando hacia más precariedad (una huelga general sigue siendo insuficiente). El punto común es la reforma de la Ley Andaluza de Universidades.

El manifiesto en el que los estudiantes presentamos nuestros argumentos de oposición a la reforma, abarca la reforma educativa, la crisis actual, la reforma laboral y la falta de democracia. Todos estos puntos tienen relación con la reforma de la LAU.

Antecedentes inmediatos
La representación estudiantil andaluza conocía los planes de reforma  al menos desde el año 2009, ya que el texto debía adaptarse a la reforma de la LOU (2007). A mediados de octubre de 2009, la CAI (Coordinadora Andaluza Interuniversitaria), rebautizada como CARE ( Coordinadora Andaluza de los Representantes de Estudiantes), preparó una batería de enmiendas y las envió a la Consejería. La respuesta fue “lo estamos estudiando”. No fue hasta finales de marzo de 2011 cuando la representación estudiantil andaluza conoció el borrador de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.  Esperamos a una futura reunión en el Consejo Asesor de Estudiantes (órgano de interlocución de la CARE con la Junta de Andalucía) para debatir el borrador, pero dicha reunión nunca tuvo lugar. Los meses fueron pasando y nos enteramos de que un texto diferente redactado por el grupo socialista andaluz fue entregado al Parlamento el 27 de julio de 2011. La justificación del grupo parlamentario fue que el borrador de la Consejería era muy ambicioso, no daría tiempo a aprobarlo en una legislatura y se requerían ciertos cambios en la ley para adaptar las universidades andaluzas al escenario del EEE S y la Estrategia Universidad 2015.

A finales de septiembre, los representantes andaluces hicimos un análisis comparativo de ambos textos y el que el grupo socialistas presentó en el Parlamento seguía la misma línea pero, efectivamente, era más reducido en contenido. El texto se aprobaba el 23 de noviembre de 2011, habiendo tenido apenas unas semanas en octubre entre la comparecencia y las reuniones con los grupos parlamentarios para proponer enmiendas.
¿A qué se debe una reforma, en el contexto en el que estamos, de una Ley Andaluza que afecta al sistema universitario andaluz, con prisas y sin apenas debate?

Antecedentes no tan lejanos: los informes
Llevamos más de dos décadas de continuos informes y reformas legislativas sobre qué universidad pública necesita el mundo globalizado (capitalista) en el que vivimos. En este análisis se hace un rápido recorrido por dichos informes y las reformas que han ido sucediendo. 

En lo que respecta a nuestro país, el más importante es el llamado “Informe Universidad 2000” o “Informe Bricall” donde se analizan los problemas que adolece la Universidad pública y qué soluciones se proponen para adaptarla a la “nueva sociedad”. Dicho informe fue encargado por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) cuando era presidente el entonces Rector de la Universitat de Barcelona y anterior diputado socialista, Josep M. Bricall, y fue financiado por las grandes empresas españolas. 

El documento generó un ciclo de movilizaciones estudiantiles que terminaron con las protestas contra la L.O. de Universidades (LOU) que aprobó el Partido Popular. Se celebró la primera reunión estatal de representantes universitarios  (FEREUP), dividida posteriormente y acusada de querer introducir el discurso dominante dentro de la representación estudiantil. 

El “Informe Bricall” inspira gran parte de las reformas que se pretenden aplicar en la llamada “Estrategia Universidad 2015”. En el capítulo VIII se analiza la estructura de gobierno de la Universidad y propone seguir avanzando hacia un modelo de gestión empresarial. Casi una década más tarde, dicho informe termina inspirando otro documento: “La gobernanza de la Universidad y sus entidades de investigación e innovación”, firmado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Conferencia de Rectores y la Fundación CyD, dirigida por Ana Patricia Botín. Tanto el Ministerio como la CRUE se desmarcaron del mismo, afirmando que en realidad era un borrador interno y que no se pretendía dar a conocer, sino que alguien lo filtró al periódico El Mundo en febrero de 2010.

La Fundación CyD la dirije la hija del presidente de hecho de nuestro país [Emilio Botín], su patronato está compuesto por los principales grupos empresariales y su Consejo Asesor está coordinado por Josep M. Bricall. Este último informe redefine hábilmente conceptos como “autonomía universitaria” para identificarla con una mayor desregulación y adaptación al ámbito privado. Se propone adaptar la Universidad al modelo estadounidense de gestión, que muchos países de Europa comparten, donde el Rector sería un director ejecutivo (CEO) y nombraría a dedo a los Decanos y  Directores/as de Departamento. De esa manera, argumentan, la Universidad iría en una única estrategia acabando con los grupúsculos de poder que la caracterizan. Eso sí, debe ser un modelo mixto ya que en España tenemos un “viejo concepto del Estado Social” que nos impide avanzar hacia un modelo totalmente desregularizado. Lo más importante es la última parte, donde establece una estrategia de adaptación a dicho modelo con una buena política de comunicación, de manera progresiva, paulatina y flexible y con diversos cambios legislativos. Para ello, hacen una especie de ejercicio hermenéutico de la ley vigente para ver como “colar” dicho modelo, sacando tres conclusiones principales:

1) La elección del Rector. Se llega a la conclusión de que no es posible hacer ningún cambio a menos que se modifique la L. O. de Universidades (LOU).

2) Con respecto a los Decanos se permite la posibilidad de desvincular la elección de dicho cargo a otro órgano superior, incluso que la persona que ostenta el cargo pertenezca a ese centro. Los redactores del informe afirman que no es “casual” ese vacío legal. En cualquier caso, lo ven una posibilidad improbable, ya que provocaría reacciones en contra, a no ser que hubiera una declaración institucional de la CRUE o una acción concertada de varias universidades.

3) Inspirándose en el modelo de EEUU afirma que es posible añadir competencias adicionales al Consejo Social siempre y cuando no invada competencias de otros órganos. Propone que sería un “inmejorable banco de pruebas”reformar la ley de algunas CC.AA., no sólo para aumentar competencias, sino para reformular su composición, organización interna, mecanismos de rendición de cuentas o el aumento de la responsabilidad y compromiso de los integrantes del órgano.

Este tercer punto es uno de los principales ejes de la reforma de la Ley Andaluza de Universidades. De esa manera los Consejos Sociales, que aspiran a ser los futuros Consejos de Administración de la Universidad, irían ganando terreno dentro de la gestión de la institución.

Se podría objetar que un sistema así es mejor porque hace que la Universidad pueda tomar decisiones de manera ágil y flexible, pero si bien la Universidad adolece de problemas internos, es discutible que una gestión de corte empresarial vaya a mejorar la situación, máxime cuando vemos que es la gestión privada y su política de desregulación la que nos ha llevado al desastre en el que nos vemos inmersos a nivel internacional, por mucho que los autores liberales y sus lobbies se empeñen en demostrar lo contrario. Esa desregulación es la que pretenden aplicar a la Universidad pública existiendo un serio peligro en materia de investigación, ya que ésta se rejiría por la lógica del máximo beneficio. 
Tanto el “Informe Bricall” (pág. 405) como el informe de la Fundación CyD, “Escenarios de gobierno en las Universidades Europeas” (págs. 38-39), reconocen que este modelo aplicado en otros países no ha logrado solucionar determinados problemas y adolece de otros importantes.

Influencia de lobbies en el poder político
Los informes influyen en la toma de decisiones, cuando no directamente sus autores intelectuales y materiales coaccionan para que así sea. Se ha instalado un “discurso dominante”, de tal manera que no defenderlo sería una insensatez, o peor: protestar contra él sería sinónimo de ser conservador.

Como reconoce el “Informe Bricall”, en la Ley de Reforma Universitaria (LRU) se introdujeron dos figuras para que la gestión empresarial fuera ganando terreno dentro de la universidad pública: el gerente y el Consejo Social.

A lo largo de los cambios legislativos se le dieron unas competencias mínimas al Consejo Social. Según la actual LOU los Consejos Sociales tienen competencias en creación, supresión o modificación de Escuelas, Facultades, Institutos de Investigación..., en supervisar el carácter económico y el rendimiento de sus servicios, o en la aprobación de presupuesto, entre otras. En la proposición de ley del PSOE-A, se propone la celebración de contratos con entidades públicas o privadas para la subvención de planes de investigación y promover la financiación privada en la Universidad, proponer normas internas sobre becas, ayudas y créditos a estudiantes, y más modificaciones que pueden consultarse en el texto. Competencias que se adaptan a las que ya les otorgaba la LOU y en algunos casos se aumentan, como recomiendan los informes anteriores, para ir probando el nuevo modelo. Sin embargo, los Consejos Sociales pidieron más enmiendas que iban en el mismo sentido. 

Los Consejos Sociales no representan a la sociedad. Cuando hicimos las enmiendas a la ley, establecimos tres claros bloques: Consejos Sociales, derechos estudiantiles y sistema de financiación. Nos preguntaron “¿por qué tenéis esa fijación por los Consejos Sociales?” tras mostrar la gran cantidad de documentos que nos hacían sospechar de los mismos.
En el caso de Andalucía, es el gobierno de la Comunidad Autónoma el que elige al Presidente del Consejo Social y a algunos de sus miembros. Otros son elegidos por el Parlamento, y una mínima parte provienen del Consejo de Gobierno de la Universidad. Aun así, en el caso del Consejo Social de la US  se funciona de una manera muy “presidencialista”, por lo que importa relativamente poco quienes están sentados en el órgano al margen del Presidente. Puede que algunos perfiles  encajen dentro de la economía social o la empresa pública, pero la mayoría vienen con la experiencia del modelo de gestión privado y dispuestos a ponerlo en práctica en la Universidad pública.
Por otro lado, si atendemos a los Indicadores del Consejo Social de la US leemos lo siguiente: “La actividad económico-financiera de la Universidad de Sevilla debe dirigir su actividad progresivamente hacia la autofinanciación, asumiendo una mayor responsabilidad por su propia sostenibilidad financiera a largo plazo, sobre todo por lo que respecta a la investigación: esto supone una diversificación proactiva de sus fuentes de financiación mediante la colaboración con empresas, fundaciones y otras fuentes privadas.”

Si estas son sus intenciones, queda claro a quienes representan. 
La LAU es una ley que se ha aprobado de espaldas a la comunidad universitaria y que avanza hacia una mayor mercantilización y privatización del conocimiento. No dejaremos de pedir la derogación de la reforma y un amplio debate que permita discutir qué modelo de educación queremos.

10/05/2012 · Manuel Gómez. Representante de alumnos de la Universidad de Sevilla (CADUS) · Revista NOTON

*Texto publicado en la Revista NOTON nº6

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