APLICACIÓN LEGAL DESPLAZADA #3: FIES
¿Se imaginan la práctica de tortura en las cárceles españolas? La artista visual Nuria Güell trabaja en ‘Aplicación Legal Desplazada #3: FIES’ sobre la tortura institucionalizada, concretamente en el Régimen de Ficheros de Internos de Especial Seguimiento (F.I.E.S.) y su aplicación actualmente en las cárceles españolas.
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Medidas que la Administración Penitenciaria utiliza para controlar a los presos, aumentando las medidas de vigilancia. Éstos son incluidos en ficheros de distintas categorías. Güells ha trabajado con los internos calificados como “conflictivos y/o inadaptados”, sometidos a medidas de aislamiento, privación sensorial y monotonía estimular, según testimonios de los propios internos recogidos por la artista para el proyecto.
Además de esta, existen cuatro categorías más: la segunda recoge datos de personas condenadas por pertenencia o colaboración con organizaciones delictivas nacionales o extranjeras. El narcotráfico, el blanqueo de dinero o el tráfico de personas son algunos de los delitos de esta categoría. En tercer lugar encontraríamos a los internos encarcelados por vinculación a banda armada o grupos terroristas. En los ficheros de ‘Fuerzas de Seguridad y Funcionarios’ encontramos a los internos que han pertenecido a las fuerzas de seguridad o funcionarios del sistema penitenciario y por último, reclusos vinculados a grupos violentos de carácter xenófobo o internos condenados por el Tribunal Penal Internacional.
“hay mucha gente a la que le hablas de tortura en las cárceles españolas y no se lo creen”
El trabajo de Nuria Güells, forma parte de un proyecto en proceso (work in progress) que vendría a continuar su labor anterior en el desarrollo de la aplicación legal desplazada. Nuria parte de la idea de que para cambiar algo primero hay que conocerlo, y afirma que “hay mucha gente a la que le hablas de tortura en las cárceles españolas y no se lo creen”. Su línea de investigación es la ética de las instituciones que nos gobiernan. Ha trabajado sobre instituciones educativas, entidades financieras y ahora se centra en instituciones penitenciarias. En esta tercera etapa, la artista pretende visibilizar la “tortura blanca” que se produce en las cárceles españolas, a través de testimonios, dibujos o poemas de los internos. Para ello, la artista se puso en contacto con 150 presos en régimen F.I.E.S. y les envió una carta explicándoles su idea e invitándoles a realizar una narración breve o un dibujo para el proyecto. Güells asegura que fue difícil contactar con ellos ya que se encuentran en régimen de aislamiento y tienen las comunicaciones controladas. “He recibido respuesta de 69 presos. 23 cartas vinieron de vuelta alegando ‘no consta’.
El Régimen F.I.E.S. se puso en funcionamiento a partir de una circular de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en 1991. El objetivo de esta orden era frenar las huelgas de hambre y las protestas que llevaron a cabo presos vinculados a ETA, el Grapo y a la Asociación de Presos en Régimen Especial, para reclamar mejoras en las prisiones. En 1996 la institución penitenciaria aprobaba la Instrucción 21/1996, a partir de la cual endurecieron las medidas de control a los internos en régimen F.I.E.S. En ella se recogía que los presos permanecieran 21 horas diarias encerrados en las celdas, restringía las llamadas telefónicas a dos por semana (no más de cinco minutos de duración) y establecía una duración máxima para las visitas de tres horas.
Diferentes organizaciones sociales consideran que estas medidas son una lesión a los derechos de los internos y que no cumplen con el principio de reinserción
Diferentes organizaciones sociales consideran que estas medidas son una lesión a los derechos de los internos y que no cumplen con el principio de reinserción, por ello, la Asociación Madres Unidas contra la Droga de Madrid, envió en 2000 al Ministerio del Interior una petición para que declarase nulas estas medidas. En particular el apartado primero de la Instrucción, que hace referencia a las normas de seguridad y control relativas a internos conflictivos. Ante la respuesta negativa del Ministerio, la asociación apeló a la Audiencia Nacional, que anuló el punto referente a las comunicaciones entre los internos. La última apelación de las Madres Unidas contra la Droga ante el Tribunal Supremo concluyó en 2009 en la anulación del apartado primero. El Tribunal consideró que la administración penitenciaria excedía la finalidad de los reglamentos administrativos, adentrándose en el ámbito reservado a la ley; según reza en la sentencia.
El año pasado, el Ministerio del Interior aprobaba un Real Decreto para la modificación del Reglamento Penitenciario, teniendo en cuenta las observaciones de la sentencia del Tribunal Supremo. En la modificación, el Ministerio prevé que la administración penitenciaria pueda establecer perfiles de los internos, abriendo la puerta a la intensificación de las medidas de control en función del riesgo atribuido a cada recluso. La norma recoge que las medidas se adoptarán con el debido respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales [3]. Sin embargo, la tercera fase del proyecto de Nuria Güells pone de manifiesto, que estos derechos no se están protegiendo adecuadamente en la práctica. Entre las cartas recibidas por la arttista se encuentra el escrito que uno de los presos le envió al Parlament de Catalunya en diciembre de 2011. El interno denuncia la tortura física a la que ha sido sometido en el centro en el que se encuentra, así como el aislamiento al que los someten. “Engañan a tus familiares diciéndoles ‘ha sido trasladado’, ‘no quiere salir a comunicar’, con el único propósito de que te curen las heridas y hematomas”. En el escrito, el interno insta al Parlament a que investigue los hechos y depure responsabilidades.
Nuria Güells pone de manifiesto, que estos derechos no se están protegiendo adecuadamente en la práctica
La connotación de castigo que posee el ámbito penitenciario supone en la práctica la desprotección institucional de los derechos fundamentales tanto de los internos como de sus familias. La Constitución recoge en su artículo 25.2 - con lo que tiene especiales garantías como Derecho Fundamental - que “las medidas de seguridad dentro del ámbito penitenciario estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”, sin embargo las Madres Unidas contra la Droga también denunciaron la vulneración de este derecho a los presos en régimen F.I.E.S. y el Tribunal Supremo señaló que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no admite que el principio de resocialización se pueda invocar en amparo a través de dicho artículo, ya que considera que no contiene un derecho fundamental, sino que constituye “una orientación que debe guiar la política penitenciaria del Estado”.
La página web de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ofrece información sobre la actuación del sistema penitenciario dirigida a la reinserción. Afirma contar con actividades formativas, educativas, laborales y tratamiento para la superación de las conductas criminales. Sin embargo, los internos denuncian en varias cartas la permisividad de las políticas con las instituciones penitenciarias, provocando “cadenas perpetuas encubiertas”. Denuncian que no hay programas serios que cuenten con cursos o terapias y el mal funcionamiento de las cárceles.
01/03/2012 · Marina Agraz · NOTON. Texto Publicado en la Revista NOTON Nº6
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