Los recortes sociales que está poniendo en marcha el nuevo gobierno del PP, junto con los impulsados por los gobiernos autonómicos, afectan especialmente a las mujeres y a lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB) de la clase trabajadora.
Los recortes y las privatizaciones de servicios sociales están haciendo que trabajos de cuidados que hasta ahora se desarrollaban socialmente (cuidado de enfermos, ancianos y niños, principalmente) recaigan en las mujeres de forma individual en el seno de la familia tradicional.
Además, la precariedad laboral creciente se ceba también en las mujeres y los recortes cierran programas e infraestructuras de apoyo a la mujer, como casas de acogidas de mujeres maltratadas. Pero en este artículo analizaremos cómo los recortes sociales también repercuten negativa y especialmente en LGTB.
Los recortes y retrasos en los pagos están afectando gravemente a las subvenciones públicas que reciben asociaciones LGTB en muchas comunidades autónomas. ONGs que se están viendo obligadas a reducir personal, con el consiguiente deterioro de los servicios que prestan.
Entre los servicios ofrecidos por las asociaciones LGTB destaca la atención a las personas con VIH (cerca de 150.000 en el Estado español). Con motivo del Día Mundial del SIDA, que se celebró el 1 de diciembre, las plataformas estatales denunciaron que “los recortes que se están produciendo en algunas comunidades autónomas como Valencia o Cataluña son preocupantes. En ellas, el plan autonómico del SIDA prácticamente ha desaparecido y eso presenta un futuro inquietante”. En este sentido, se le ha exigido a la nueva Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, compromiso sostenido a través de la existencia de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida que no figura en el nuevo esquema del Ministerio.
A los recortes en subvenciones públicas más que necesarias se le suma el recorte de 600 millones en investigación aprobado por el gobierno de Rajoy que podría afectar al estudio de la lucha contra el SIDA, así como a investigaciones sociológicas relacionadas con la lucha contra la homofobia.
La discriminación laboral por razones de orientación sexual impera en muchas empresas privadas que se aprovechan de que suele ser difícil de demostrar. En el Estado español no hay estudios prolongados sobre esta cuestión, pero varios estudios de la Universidad de California - Los Ángeles (UCLA) muestran que hasta el 43% de LGTB declaran haber sido víctimas de algún tipo de discriminación en sus centros de trabajo debido a su orientación sexual. Esta discriminación la sufren especialmente las personas transexuales, con un alto riesgo de exclusión social e infinitas dificultades para acceder a un empleo o conservarlo durante el proceso de reasignación sexual. Además, un estudio de de la Universidad de Maryland (Estados Unidos) demuestra que los hombres homosexuales ganan entre 11-27% menos que los heterosexuales, y las lesbianas entre 5-14% menos. En este contexto, muchas LGTB trabajamos en el sector público donde podemos huir de la discriminación laboral por razones de orientación sexual que impera en muchas empresas privadas. Por lo tanto, los recortes en las administraciones, servicios y empresas públicas afectan especialmente a LGTB, destruyendo empleos donde hemos adquirido igualdad de derechos y una mayor visibilidad en la esfera pública.
Por si todo esto no fuera poco, el gobierno del PP amenaza, en una actitud repugnante, con acabar con el matrimonio homosexual. Digan lo que digan, no es una cuestión semántica por llamarle “matrimonio”, se trata de una cuestión política, de derechos fundamentales e igualdad real. La amenaza de la derecha es aplaudida por la homófoba iglesia católica que no para de atacar a LGTB.
Frente a los ataques homófobos y los recortes sociales, LGTB podemos luchar de forma individual o incluso podemos llegar a ocultar nuestra orientación sexual. Pero el impacto de estas estrategias individuales es muy limitado. Tenemos que organizarnos para hacernos visibles, tomar la palabra en los espacios públicos contra los recortes, y salir a las calles para defender los servicios públicos.
Los recortes y retrasos en los pagos están afectando gravemente a las subvenciones públicas que reciben asociaciones LGTB en muchas comunidades autónomas. ONGs que se están viendo obligadas a reducir personal, con el consiguiente deterioro de los servicios que prestan.
Entre los servicios ofrecidos por las asociaciones LGTB destaca la atención a las personas con VIH (cerca de 150.000 en el Estado español). Con motivo del Día Mundial del SIDA, que se celebró el 1 de diciembre, las plataformas estatales denunciaron que “los recortes que se están produciendo en algunas comunidades autónomas como Valencia o Cataluña son preocupantes. En ellas, el plan autonómico del SIDA prácticamente ha desaparecido y eso presenta un futuro inquietante”. En este sentido, se le ha exigido a la nueva Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, compromiso sostenido a través de la existencia de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida que no figura en el nuevo esquema del Ministerio.
A los recortes en subvenciones públicas más que necesarias se le suma el recorte de 600 millones en investigación aprobado por el gobierno de Rajoy que podría afectar al estudio de la lucha contra el SIDA, así como a investigaciones sociológicas relacionadas con la lucha contra la homofobia.
La discriminación laboral por razones de orientación sexual impera en muchas empresas privadas que se aprovechan de que suele ser difícil de demostrar. En el Estado español no hay estudios prolongados sobre esta cuestión, pero varios estudios de la Universidad de California - Los Ángeles (UCLA) muestran que hasta el 43% de LGTB declaran haber sido víctimas de algún tipo de discriminación en sus centros de trabajo debido a su orientación sexual. Esta discriminación la sufren especialmente las personas transexuales, con un alto riesgo de exclusión social e infinitas dificultades para acceder a un empleo o conservarlo durante el proceso de reasignación sexual. Además, un estudio de de la Universidad de Maryland (Estados Unidos) demuestra que los hombres homosexuales ganan entre 11-27% menos que los heterosexuales, y las lesbianas entre 5-14% menos. En este contexto, muchas LGTB trabajamos en el sector público donde podemos huir de la discriminación laboral por razones de orientación sexual que impera en muchas empresas privadas. Por lo tanto, los recortes en las administraciones, servicios y empresas públicas afectan especialmente a LGTB, destruyendo empleos donde hemos adquirido igualdad de derechos y una mayor visibilidad en la esfera pública.
Por si todo esto no fuera poco, el gobierno del PP amenaza, en una actitud repugnante, con acabar con el matrimonio homosexual. Digan lo que digan, no es una cuestión semántica por llamarle “matrimonio”, se trata de una cuestión política, de derechos fundamentales e igualdad real. La amenaza de la derecha es aplaudida por la homófoba iglesia católica que no para de atacar a LGTB.
Frente a los ataques homófobos y los recortes sociales, LGTB podemos luchar de forma individual o incluso podemos llegar a ocultar nuestra orientación sexual. Pero el impacto de estas estrategias individuales es muy limitado. Tenemos que organizarnos para hacernos visibles, tomar la palabra en los espacios públicos contra los recortes, y salir a las calles para defender los servicios públicos.
25/01/12 · Jesús Castillo · NOTON
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Es una vergüenza y un timo el PP. ¿Porque no cobran ellos los 600€? Como tampoco les hace falta ir al hospital público pues que le den al pueblo como siempre. Ellos ya tienen el médico a domicilio.
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