Saber qué votamos. Análisis comparado de los programas electorales I: Reformas democráticas y participación ciudadana

NOTON presenta un análisis comparado de los programas electorales de los 5 partidos nacionales que se espera que obtengan representación el próximo 20N. 

A través de varias entregas, NOTON comparará las propuestas de los 5 partidos nacionales con mayor representación según las encuestas. En este primer análisis ponemos la lupa sobre las propuestas para aumentar la participación ciudadana, mejorar la representatividad y luchar contra la corrupción. 

Reformas de la Ley Electoral

Todos los programas analizados incluyen proyectos de reforma de la actual LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) salvo el programa del Partido Popular, que solo habla de reformar el sistema municipal para “respetar la voluntad mayoritaria de los vecinos”.

El PSOE, aunque no habla de mejorar la proporcionalidad sí deja entrever su intención de reformar el sistema, hablando de mejoras en la relación entre representantes y representados y desbloqueo de las listas electorales. No aclara su propuesta, pero indica que se buscaría un sistema aproximado al modelo alemán. También hace referencia al objetivo de la paridad y al estudio del voto por internet como sistema complementario.

El problema de la proporcionalidad sí aparece claramente en los programas de IU, UPyD y Equo. Los tres coinciden en la necesidad de eliminar barreras electorales como la condición de conseguir el 3% de votos para obtener representación o la recogida de avales para concurrir a las elecciones. Izquierda Unida habla de “corregir la desproporción” y garantizar la “igualdad de valor de todos los votos” pero no concreta una propuesta de modelo electoral como sí esbozan EQUO y UPyD. La federación de Izquierdas, por su parte, si lanza dos propuestas singulares como son la extensión del derecho a sufragio a los inmigrantes con dos años de residencia y a los jóvenes de 16 y 17 años.

Encontramos pues entre estos 5 programas dos propuestas concretas para un nuevo reparto de escaños en el Parlamento, ambas incluyen el desbloqueo de las listas, la sustitución del sistema D´Hont por la fórmula Hare y dos medidas previstas en la Constitución: el aumento hasta 400 diputados y bajar el mínimo provincial a un diputado. Cuatro medidas que favorecerían el pluralismo y la proporcionalidad de la Cámara.

UPyD propone un sistema de doble papeleta en el que 200 diputados serían elegidos por circunscripciones provinciales y otros 200 sería elegidos en una circunscripción única de carácter nacional, mientras que EQUO optaría por 350 diputados elegidos en las provincias y 50 elegidos en un colegio de restos a nivel estatal

La diferencia entre los dos modelos estriba en que UPyD propone un sistema de doble papeleta en el que 200 diputados serían elegidos por circunscripciones provinciales y otros 200 sería elegidos en una circunscripción única de carácter nacional, mientras que EQUO optaría por 350 diputados elegidos en las provincias y 50 elegidos en un colegio de restos a nivel estatal. Dos propuestas similares, aunque la de la formación de Rosa Díez restaría más fuerza a las opciones regionalistas.

Tanto EQUO como UPyD consideran que sería necesaria una segunda fase de reforma electoral, la cual necesitaría entonces un cambio constitucional para la inclusión de listas abiertas. UPyD además abogaría por convertir la circunscripción en autonómica en lugar de provincial.

Medidas para fomentar la participación Ciudadana

Si el programa del Partido Popular es corto en materia de reforma electoral, no decepciona tampoco en cuanto Participación. Se limita a comentar que mejorarán “los procedimientos que den entrada a la sociedad civil en la elaboración de disposiciones normativas legales y reglamentarias”, sin más desarrollo. El partido socialista, IU, UPyD y EQUO hablan de crear leyes de Participación Ciudadana y de acceso a la información institucional, además recalcan la necesidad de reformar las Iniciativas Legislativas Populares (ILP).

En este sentido los socialistas, en línea con su propuesta en la Comunidad Andaluza hablan de “rebajar limitaciones y requisitos” y de crear el “diputado 351” dedicado a representar a los impulsores de ILPs (no tendría voto). Izquierda Unida ampliaría las ILPs dándoles capacidad de “creación, reforma y derogación” de cualquier norma jurídica, reduciría el número de firmas y los plazos de tramitación y permitiría la participación de los ponentes de la ILP en el debate en las Cortes. UPyD se limitaría a levantar el veto en materias de Ley Orgánica y modificaciones constitucionales, mientras que EQUO solo propone reformar constitucionalmente y mediante Leyes Orgánicas las ILP y los Referéndums, sin más concreción.

El Partido Popular y el PSOE no creen necesaria ninguna mejora en materia de referéndums, en contraste con IU, que propone introducir mecanismos de autorización obligatorios (referéndum vinculante) para casos como decisiones económicas trascendentales o participación en organismos supranacionales. UPyD abriría a la ciudadanía la posibilidad de convocar referéndums mediante la recogida de 500.000 firmas (entendemos que serían referéndums consultivos).

El Partido Popular y el PSOE no creen necesaria ninguna mejora en materia de referéndums, en contraste con IU, que propone introducir mecanismos de autorización obligatorios (referéndum vinculante) para casos como decisiones económicas trascendentales o participación en organismos supranacionales 

Izquierda Unida y EQUO son las fuerzas con un programa más desarrollado en materia de participación. IU habla de crear un “Estado social participativo que promueva el interés colectivo, la equidad y la solidaridad” y de “cambiar la tendencia neoliberal de convertir a los ciudadanos en sujetos pasivos y acríticos consumidores de servicios” y al igual que el partido de Juan López de Uralde introduce la posibilidad de mecanismos de revocatoria, la participación en todas las fases de los presupuestos y el desarrollo decidido de la participación telemática y el voto electrónico.

Otras propuestas para mejorar la participación de los ciudadanos son: la obligación de que las mesas parlamentarias se reúnan con los “representantes de los sectores afectados de la sociedad” y la creación de una carta de servicios de diputados y senadores (PSOE); los consejos ciudadanos para la participación en la política local y un Plan de sensibilización y formación para la democracia participativa (EQUO); o crear el Defensor del Ciudadano y las asambleas de barrio y observatorios populares como mecanismos articulador del derecho a la participación en una democracia directa y comunitaria (IU).

Transparencia y Lucha contra la corrupción

Todos los partidos se comprometen a legislar en materia de transparencia para garantizar al ciudadano el acceso a las instituciones y a las actividades de sus representantes de forma sencilla y rápida. También afirman que habrá tolerancia cero con la corrupción (todos cumplirán rigurosamente su código de buenas prácticas) y que la respuesta de la justicia contra la corrupción será más rápida y decidida.

Los más concretos son: Izquierda Unida, que propone que no prescriban los delitos por corrupción, tipificar el delito de enriquecimiento ilícito y la reducción de cargos de libre designación; UPyD, que quiere a los imputados fuera de las listas electorales y prohibiría contratar a personal de alta dirección que tenga conflictos de intereses con las administraciones públicas; y EQUO, que insta a las instituciones a ser proactivas a la hora de facilitar el acceso a la información y propone una Ley que regule la relación entre Lobbies y las instituciones públicas, además regularía la relación de cargos públicos con dichos grupos antes y después del ejercicio de cargo. El partido verde también alargaría los plazos de prescripción de los delitos de corrupción.

IU propone que no prescriban los delitos por corrupción y tipificar el delito de enrqiquecimiento ilícito; UPyD quiere a los imputados fuera de las listas electorales y EQUO propone una Ley que regule la relación entre Lobbies e instituciones públicas.

Izquierda Unida y EQUO proponen reformar los reglamentos de las cortes y parlamentos para favorecer la transparencia y el control de las actividades de los gobiernos y obligarían a los políticos a hacer frente con su patrimonio a los costes de sus delitos. El partido de Uralde incluiría además “corresponsabilidad de los partidos en casos de corrupción” y habla de que los implicados podrían perder la posibilidad de presentarse a la reelección.

Respecto al patrimonio de los políticos, el PSOE - como ya adelantara Rubalcaba - promete que los cargos públicos no podrán cobrar más de un sueldo de administraciones o partidos. IU establecería un límite salarial, obligaría a la publicación del patrimonio de los políticos y regularía las incompatibilidades, algo que también incluyen EQUO y Unión Progreso y Democracia. El partido rosa impediría también la posibilidad de beneficiarse de más de una retribución pública total o parcial y limitaría los mandatos a dos legislaturas.

EQUO y UPyD ponen la lupa en la financiación de los partidos. La formación ecologista – que ha rechazado pedir préstamos a las instituciones bancarias – quiere que se regule la financiación de los partidos siguiendo las recomendaciones del observatorio europeo GRECO, que se regulen los préstamos bancarios a los partidos y que se mejore el Tribunal de Cuentas. El organismo que UPyD quiere despolitizar para que controle la financiación de los partidos, sindicatos y patronales.

Otras propuestas son la creación de una Agencia de Evaluación Urbanística del Suelo que velaría por la legalidad urbanística y ambiental, cuyas decisiones no serían vinculantes (PSOE); la supresión de privilegios sociolaborales de los diputados y control del ausentismo (IU); publicidad obligatoria de los presupuestos de los partidos, sindicatos, patronales y asociaciones que reciban ayuda pública y prohibición de campañas publicitarias desde las administraciones en beneficio del partido gobernante (UPyD).

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Este análisis refleja que los partidos mayoritarios – especialmente el PP - no salen bien parados de la comparación de propuestas en materias de Democracia y Participación, dando la espalda a uno de los mayores problemas de la política española: la falta de proporcionalidad y de representatividad; y a una de las principales peticiones que se vienen haciendo desde la calle: la necesidad de evolucionar hacia una democracia más participativa.

14/11/11 · Pablo G. de Castro · NOTON