Lo llamaban democracia

Lo vivido ayer 30 de agosto en el Parlamento ha rozado el esperpento. Se aprobaba la tramitación del reformazo constitucional despachándolo como una ley de calado menor. Con toda la cámara en contra, PSOE y PP defendían con sus segundos espadas la reforma impuesta por el BCE, tratando de evitar más desgaste para sus ya de por sí denostados candidatos. Ayer vimos como se aprobaba la toma en consideración de una reforma constitucional que acaba con el espíritu de consenso y con la definición de 'Estado Social y de Derecho' que definía al texto de 1978, y eleva a norma suprema la imposición de un límite estricto al déficit público; uno de los principios más duros del pensamiento único imperante, el neoliberalismo.

Las Formas

Esta reforma se planea aprobar de manera 'express', en agosto y sin debate parlamentario. Tampoco se pretende contar con los ciudadanos, no habrá referéndum al oponerse, porque pueden, PSOE y PP– ya que aunque cuentan con el 83,75% de los votos, disponen del 91,5% de los representantes, cosas del modelo electoral que permanece sin ser reformado – además, esta reforma se hace con una Cámara de Representantes en retirada, a tres meses de las elecciones y por mandato del BCE y el eje Franco-Alemán, como el enésimo sacrificio que presentar ante el altar del nuevo Dios, los Mercados.

Hay que tener en cuenta que el nuevo artículo 135 viene a calcar el modelo alemán, sin embargo cuando en el país germano se acometió una reforma similar se aprobó una comisión de 39 personas para consensuar el texto, y el debate público duró dos años. Por otra parte es necesario indicar que la Constitución Alemana es de por sí 'militante', esto es, se acoge estrictamente a la doctrina demócrata-liberal (de hecho están prohibidos partidos como el Comunista), sin embargo nuestra Constitución no exige esta militancia, aunque reformas como esta o la ley de partidos de 2002 comienzan a imponer el modelo imperante como el único legítimo.

El Fondo

Limitar por ley el déficit pone en peligro las políticas de bienestar, en tanto que al dar “prioridad absoluta” al pago de la deuda, se está poniendo en un segundo plano a partidas presupuestarias como las de Sanidad o Educación. En momentos de recesión económica, cuando el Estado ingresa menos a través del IVA porque se resiente el consumo e ingresa menos a través del IRPF porque aumenta el paro, las arcas públicas ven disminuidos sus ingresos por lo que dar prioridad al pago de la deuda y al no poder endeudarse, la caja puede quedar vacía para las partidas sociales.

Por otra parte, además de que el principio de austeridad ya estaba contemplado en el Pacto de Estabilidad de 1997, la exigencia es tan alta que se convierte en ficticia, ningún país de la OCDE ha cumplido con tal límite en los últimos veinte años. Y es que limitar el déficit estructural es una medida a largo plazo (se habla de 2020), con lo que no tiene consecuencias a corto y medio plazo, que son los tiempos en los que se mueven los Mercados. Entonces, ¿por qué se hace la Reforma?

Por qué se hace la Reforma

Esta reforma no responde a una situación coyuntural, si no que se trata de un paso más en la línea trazada por el capital y por el neoliberalismo para desmontar el Estado y los servicios sociales, en aras de abrir el mercado de la Educación, la Sanidad y los servicios de Dependencia al negocio privado. Se trata pues de ahogar la caja pública, ya no solo a través de limitar sus ingresos, también impidiendo el endeudamiento. La situación actual es consecuencia de anteriores políticas neoliberales implantadas desde los años 80, la falta de liquidez de los Estados se deriva de otras imposiciones del Mercado, como la rebaja de impuestos a las grandes fortunas o la privatización de empresas públicas que reportaban grandes beneficios a las arcas del Estado.

Así, aniquilada también la banca pública y el control sobre la propia moneda, los gobiernos europeos ya no poseen ninguna herramienta de estímulo económico que pueda reactivar sus economías en ciclos de recesión. Los Estados sólo pueden financiarse en la actualidad a través del mercado de capitales (emisión de deuda) previo pago de intereses que pueden poner a su antojo entidades bancarias y Agencias de Calificación y sus únicas fuentes de ingresos son ya los impuestos sobre el consumo (IVA) y sobre las rentas del trabajo (IRPF), ya que también se han impuesto rebajas sobre la presión fiscal a las grandes rentas y se han eliminado impuestos como el de Patrimonio.

Tenemos unos Estados cuyos principales ingresos vienen de las clases medias y del consumo, ya que además de los beneficios fiscales de los que disfrutan los ricos muchos evaden impuestos o desvían capital a paraísos fiscales. Así, en épocas de Paro, al descender los ingresos por IRPF y por IVA, las arcas estatales se verán resentidas. Y no hay que olvidar que su “prioridad absoluta” será siempre pagar la deuda.

¿Hay alternativa?

Sí, y no son la políticas de austeridad. Estas medidas que atienden muy bien a la lógica – no se puede gastar más de lo que se ingresa – caen en lo que en economía se denomina “falacia de la composición”, esto quiere decir que lo que pueden ser medidas buenas a nivel individual, aplicadas a nivel general pueden ser desastrosas. Economistas progresistas o de corte Keynessiano defienden que un descenso del gasto público en momentos de bajos ingresos puede ser fatal para la economía.

El gasto público es un estimulante de la economía, si este desciende se reduce la capacidad de crecimiento económico, disminuyendo las rentas del trabajo y el consumo. Lo que lleva de nuevo a una reducción de los ingresos estatales y a la depresión de la economía. La inversión en infraestructuras públicas como carreteras, escuelas u hospitales son necesarias, ya no sólo por el servicio en sí, también como elementos dinamizadores de la economía del país. Cuando un Estado se endeuda para financiar estos proyectos inyecta liquidez en la economía real, contrata trabajadores que estaban en paro y que podrán consumir además de pagar a empresas que a su vez podrán contratar otros trabajadores. Esto es el llamado multiplicador Keynessiano que se refiere al gasto público como el engrasador del motor de la economía de un país. Es difícil que sin endeudamiento un Estado pueda financiar estas inversiones, por lo que no podrá crear puestos de trabajo y riqueza para el país.

Resulta evidente que no se trata de gastar por gastar, pero sí es necesario un alto gasto que sirva como dinamizador invirtiéndose en promover sectores económicos que puedan cambiar el modelo productivo -como energías renovables o nuevas tecnologías - , un gasto que esté controlado y sea eficiente, no que responda a desmanes orgiásticos – como los 400 euros o el cheque bebé para todos- y a corruptelas de los gobernantes. Además, el aumento del gasto deberá ir acompañado del aumento de los ingresos a través de la presión fiscal a las grandes rentas, la recuperación de impuestos como el de Patrimonio, la lucha contra la evasión fiscal, la creación de una banca pública que modere los instintos sanguinarios de las financieras privadas, y en última instancia la renacionalización de ciertos sectores económicos.

Todas estas medidas responden a un criterio ideológico, del mismo modo que lo hacen las políticas 'limitadoras de déficit' y 'promotoras de la austeridad', la pluralidad de criterios y opiniones es lo que define a la democracia, cuando impera un sólo postulado ideológico y se erige con rango de norma suprema, imponiendo su juicio como el único posible, eso ya no se llama democracia.

Pablo G. de Castro. NOTON

para Montilla Digital