Desde su promulgación, en 1978, siempre nos han vendido la moto de que la Constitución Española era poco menos que perfecta, que no había que modificarla, que era fruto del consenso, etc, etc. Resulta que en el ocaso del gobierno presidido por Zapatero, con toda urgencia y en pleno agosto, los partidos mayoritarios PP y PSOE han pactado una reforma para garantizar a los mercados el pago de la deuda pública española a sus acreedores, limitando el endeudamiento público.Roma no paga traidores
En el año 2008, en el inicio del actual ciclo de crisis económica, el presidente de la patronal española Diez Ferran, afirmó que había que hacer “un paréntesis en la economía de mercado”. En aquellas fechas, los gobiernos europeos, azuzados y alentados por banqueros y capitalistas, aumentaron considerablemente el gasto público a pesar de la disminución de ingresos. Se rebajaron los impuestos para aumentar el consumo privado, se recompraron los activos hipotecarios a los bancos, se crearon planes para relanzar la obra pública...
Liquidada la banca pública y la moneda propia, los gobiernos sólo pueden financiarse a través del mercado privado de capitales. Y aquellos a quienes salvó con miles de millones de euros, ahora exigen garantías para prestarnos dinero, que a su vez reciben del Banco Central Europeo. Tal es la claudicación que, siguiendo las indicaciones de los caudillos de Europa Angela Merkel y Sarkozy, se va a proceder a dar una garantía de pago con rango constitucional, garantizando que las entidades públicas deberán tener un equilibrio presupuestario.
Lo cierto es que a pesar de tanto revuelo no se ha procedido a una suspensión de pagos de ninguno de los países afectados, que la falta de liquidez es fruto de otra imposición de los mercados: la bajada de impuestos a las rentas más altas. Además, especialmente en el caso de Irlanda, se ha sumado el alto coste de la ayuda mediante inyección de fondos públicos a la banca privada.
El gran fraude de la Constitución Española
La Constitución recoge en su articulado multitud de derechos y libertades, pero sólo un pequeño grupo de ellos tiene garantizada su protección efectiva y real por las administraciones públicas y los tribunales. Entre estos “derechos fundamentales y libertades públicas”, los hay muy importantes: derecho a la vida, prohibición de torturas... pero también hay concesiones a la oligarquía tales como la “libertad de creación de centros docentes privados”, de forma que en el Reino de España está más protegido el hecho de que cualquier millonario funde su colegio privado que el derecho al trabajo, la vivienda, la salud, la educación, la jubilación... que solo se recogen de forma testimonial puesto que la Constitución no ha previsto mecanismos para exigir su cumplimiento.
Los inversores estarán contentos porque su derecho a unas cuentas públicas saneadas se va a recoger expresamente en la Constitución y en una Ley Orgánica que lo desarrollará en su cuantía concreta. Mientras tanto los parados, los afectados por hipotecas, las personas que apenas tienen medios para subsistir están totalmente desamparadas por las tantas veces halagada Constitución Española.
Probablemente el Papa Ratzinguer se lo aconsejó a Zapatero en la última visita a Madrid, en la que departieron sobre la crisis. Le recordaría que la Iglesia Catolica, que tiene teléfono directo con Dios, se adelantó a los acontecimientos y modificó en el mismo sentido el “Padre nuestro”, derogando el párrafo en el que se decía “perdonanos, como nosotros perdonamos a nuestros deudores”.
¿#Spanish revolution o #Spanish involution?
Me imagino también la perplejidad de aquellos que siguen la política española desde el extranjero. La contrarreforma constitucional, el recorte de las pensiones, el retroceso en materia laboral, la reducción de sueldos, el recorte sanitario y de todos los servicios públicos se producen cuando en el Reino de España se estaba produciendo la llamada “Spanish Revolution” protagonizada por el movimiento 15M.
Lo cierto que el éxito de la movilización en la calle y en los medios de comunicación no se ha visto reflejado ni en la vida cotidiana de los ciudadanos ni en una mayor participación política. Más bien al contrario, pocos días después del 15-M el Partido Popular conseguía el mejor de los resultados electorales de su historia, el post-franquismo nunca ha tenido mayor poder desde la restauración de las elecciones libres. Han continuado los retrocesos sociales y económicos. Pero, sobre todo, cuando se pide mayor participación política, los dos partidos políticos oligarquicos, la auténtica pinza, pactan en una noche una reforma constitucional de este calado sin participación ni debate público. Izquierda Unida desea un referendum, pero sólo dispone de un diputado, ni el apoyo de ERC, BNG e IC, podrán forzar la consulta ciudadana.
¿Que hacer?
Desde luego es un momento para reflexionar, pero sobre todo de actuar, es decir, no hay excusa para no organizarse y militar en partidos políticos de izquierdas, en sindicatos, en movimientos sociales, vecinales... Y sobre todo, la reforma constitucional se les podría atragantar al PP y PSOE con unos resultados electorales adversos. Tenemos la palabra y el voto, no nos quejemos luego de “nuestros políticos”, ésa es una mala excusa porque es el momento de que todos nosotros hagamos política, aún con el riesgo de equivocarnos.
En el año 2008, en el inicio del actual ciclo de crisis económica, el presidente de la patronal española Diez Ferran, afirmó que había que hacer “un paréntesis en la economía de mercado”. En aquellas fechas, los gobiernos europeos, azuzados y alentados por banqueros y capitalistas, aumentaron considerablemente el gasto público a pesar de la disminución de ingresos. Se rebajaron los impuestos para aumentar el consumo privado, se recompraron los activos hipotecarios a los bancos, se crearon planes para relanzar la obra pública...
Liquidada la banca pública y la moneda propia, los gobiernos sólo pueden financiarse a través del mercado privado de capitales. Y aquellos a quienes salvó con miles de millones de euros, ahora exigen garantías para prestarnos dinero, que a su vez reciben del Banco Central Europeo. Tal es la claudicación que, siguiendo las indicaciones de los caudillos de Europa Angela Merkel y Sarkozy, se va a proceder a dar una garantía de pago con rango constitucional, garantizando que las entidades públicas deberán tener un equilibrio presupuestario.
Lo cierto es que a pesar de tanto revuelo no se ha procedido a una suspensión de pagos de ninguno de los países afectados, que la falta de liquidez es fruto de otra imposición de los mercados: la bajada de impuestos a las rentas más altas. Además, especialmente en el caso de Irlanda, se ha sumado el alto coste de la ayuda mediante inyección de fondos públicos a la banca privada.
El gran fraude de la Constitución Española
La Constitución recoge en su articulado multitud de derechos y libertades, pero sólo un pequeño grupo de ellos tiene garantizada su protección efectiva y real por las administraciones públicas y los tribunales. Entre estos “derechos fundamentales y libertades públicas”, los hay muy importantes: derecho a la vida, prohibición de torturas... pero también hay concesiones a la oligarquía tales como la “libertad de creación de centros docentes privados”, de forma que en el Reino de España está más protegido el hecho de que cualquier millonario funde su colegio privado que el derecho al trabajo, la vivienda, la salud, la educación, la jubilación... que solo se recogen de forma testimonial puesto que la Constitución no ha previsto mecanismos para exigir su cumplimiento.
Los inversores estarán contentos porque su derecho a unas cuentas públicas saneadas se va a recoger expresamente en la Constitución y en una Ley Orgánica que lo desarrollará en su cuantía concreta. Mientras tanto los parados, los afectados por hipotecas, las personas que apenas tienen medios para subsistir están totalmente desamparadas por las tantas veces halagada Constitución Española.
Probablemente el Papa Ratzinguer se lo aconsejó a Zapatero en la última visita a Madrid, en la que departieron sobre la crisis. Le recordaría que la Iglesia Catolica, que tiene teléfono directo con Dios, se adelantó a los acontecimientos y modificó en el mismo sentido el “Padre nuestro”, derogando el párrafo en el que se decía “perdonanos, como nosotros perdonamos a nuestros deudores”.
¿#Spanish revolution o #Spanish involution?
Me imagino también la perplejidad de aquellos que siguen la política española desde el extranjero. La contrarreforma constitucional, el recorte de las pensiones, el retroceso en materia laboral, la reducción de sueldos, el recorte sanitario y de todos los servicios públicos se producen cuando en el Reino de España se estaba produciendo la llamada “Spanish Revolution” protagonizada por el movimiento 15M.
Lo cierto que el éxito de la movilización en la calle y en los medios de comunicación no se ha visto reflejado ni en la vida cotidiana de los ciudadanos ni en una mayor participación política. Más bien al contrario, pocos días después del 15-M el Partido Popular conseguía el mejor de los resultados electorales de su historia, el post-franquismo nunca ha tenido mayor poder desde la restauración de las elecciones libres. Han continuado los retrocesos sociales y económicos. Pero, sobre todo, cuando se pide mayor participación política, los dos partidos políticos oligarquicos, la auténtica pinza, pactan en una noche una reforma constitucional de este calado sin participación ni debate público. Izquierda Unida desea un referendum, pero sólo dispone de un diputado, ni el apoyo de ERC, BNG e IC, podrán forzar la consulta ciudadana.
¿Que hacer?
Desde luego es un momento para reflexionar, pero sobre todo de actuar, es decir, no hay excusa para no organizarse y militar en partidos políticos de izquierdas, en sindicatos, en movimientos sociales, vecinales... Y sobre todo, la reforma constitucional se les podría atragantar al PP y PSOE con unos resultados electorales adversos. Tenemos la palabra y el voto, no nos quejemos luego de “nuestros políticos”, ésa es una mala excusa porque es el momento de que todos nosotros hagamos política, aún con el riesgo de equivocarnos.
Carlos Martínez. Presidente de ATTAC España.
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