Francisco Ortiz
Llega noviembre, y este cielo de nubes ominosas y otoñales me devuelve al cielo amenazante de Madrid, aquel noviembre de 1975. Hace ya 30 años de la muerte de Franco, el dictador. Su óbito es recordado cada 20 N, como un mantra, por la camada negra. Una miríada de grupos neofascistas y partidos políticos ultras acuden bien al Valle de los Caídos, bien a la Plaza de Oriente, a manifestarse, a ejercer su libertad de expresión. Ellos tienen su ideario.
En los primeros años de nuestra joven democracia eran continuos los ataques de los jóvenes cachorros ultras a todo aquel que no comulgaba con sus ideales. La dialéctica de los puños y las pistolas les llevó a poner una bomba en el cine Luchana de Madrid, poco antes de la que estalló en la redacción del diario El País. El parque del Retiro era su coto de caza y diversión.
Ha pasado el tiempo. La democracia española está asentada. El tiempo de los asesinos ha pasado. Sí, los partidos políticos, aún siendo entidades privadas, expresan un pluralismo político que va desde el soberanismo catalanista hasta el falangismo. Esta es la grandeza de la democracia, es su idiosincrasia. Aunque también es su lado más frágil. Como decía Francisco Umbral, la ultraderecha es ventajista, oportunista, no duda en sacar tajada al tiempo que busca derribar nuestras libertades.
Amparadas en el Registro de Partidos Políticos las hordas fascistas gozan de su legalidad: Falange Española de las JONS, La Falange, MSR, Juventudes de La Falange, Bastión, España 2000, DN o Democracia Nacional, Boixos Nois…
Todos nos hacemos una inevitable pregunta, ¿se pueden ilegalizar estos grupos, este Leviatán? Aplicar la Ley de Partidos Políticos de junio de 2002 es una tentación evidente. Su racismo, su homofobia, su culto a la violencia, nos parece suficiente para querer sacar a estos neonazis de la vida política. Les tenemos ganas.
Pero veamos los datos. En 2009, de las 297 manifestaciones prohibidas en toda España por el Ministerio del Interior tan sólo un 10% eran convocadas por ultras. Los incidentes o algaradas habidos en manifestaciones fueron debidos a grupos sindicalistas (155) y a grupos de independentistas (117). Los chicos del bate de béisbol ya no son lo que fueron.
Por otra parte, según sentencia del Tribunal Supremo, ni Falange Española ni los demás grupos (hay hasta cinco que se declaran falangistas) promueven ni realizan apología del terrorismo. Para colmo, apenas tienen representación en las instituciones, algo que podría pesar en un procedimiento de ilegalización. No procede, por tanto, ilegalizar. Ni el poder judicial lo contempla, ni el poder ejecutivo va a tomar una decisión política de escaso rendimiento electoral. A menos que, tras las próximas elecciones generales, los neofascistas formen la delantera Stuka de Esperanza Aguirre.
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