Así: ¡No¡ (el nuevo recorte de sueldos pone en la picota a los empleados públicos andaluces)

Los hechos

Inmediatamente después de la formación del gobierno de coalición entre el PSOE e IU y como primera medida, el Gobierno andaluz llevo este jueves al Consejo de Política Fiscal y Financiera un plan de ajuste,  que recoge un recorte de 2.500 millones de euros, principalmente en el sueldo de los empleados públicos.

El presupuesto de la Junta de Andalucía para 2012 se verá reducido en un 12%. El ajuste presupuestario será equivalente a 3.500 millones de euros. De los cuales, 1.000 millones se obtendrán por la vía de ingresos y 2.500 reduciendo diversas partidas de gasto.

Entre las medidas aprobadas para incrementar los ingresos, se contempla la modificación en los últimos tramos de la tarifa autonómica del IRPF, aumentar el impuesto de patrimonio, así como el de las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, el tipo de gravamen general de Actos Jurídicos Documentados y la tasa fiscal sobre el juego

De forma inmediata, la Junta suspenderá los complementos extraordinarios que en su nómina reciben los funcionarios y los empleados laborales en los entes y agencias públicas. Además habrá un aumento en la jornada laboral de los empleados públicos, que pasará de las 35 a las 37 horas y media, en aplicación la normativa básica estatal. El sueldo de los altos cargos de traducirá en un recorte del 5%. También se reducirán un 15% la jornada laboral y la retribución de los interinos. Asimismo se recortarán la pagas extra de junio y diciembre y los complementos de las nóminas.

Por otra parte, se prevé ahorrar mediante la supresión del 50% de los coches oficiales, de la publicidad y del presupuesto de gastos y conferencias. Se eliminan las partidas de protocolo y la inversión en obra pública nueva.

El origen de este plan de ajuste

El origen de esta situación se halla en las imposiciones de cuentas del Gobierno central de Madrid a las Comunidades Autónomas, amenazando con la intervención si no se pliegan a sus dictados. A su vez, esta imposición deriva de la reforma express que se pacto entre el PSOE y el PP del artículo 135 de la Constitución Española (CE), introduciendo al máximo nivel normativo de nuestro ordenamiento jurídico una regla fiscal que limita el déficit público de carácter estructural en el conjunto del estado y limita la deuda pública al valor de referencia del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

El PP ha desarrollado el nuevo artículo 135 de la CE mediante la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que considera que el incumpliendo por parte de una Comunidad Autónoma de los objetivos de déficit marcados por el estado constituye un supuesto que habilita la aplicación del artículo 155 de la CE que permite la intervención de la misma por parte del gobierno central, previa aprobación por la mayoría absoluta del senado (que está en manos del PP). Es decir, sería como aplicarle a una Comunidad Autónoma un estado de excepción pasando su administración a estar bajo las órdenes directas del gobierno central.

Así: ¡No¡

El gobierno de izquierdas en Andalucía tiene una enorme responsabilidad en un entorno lleno de dificultades (como botón de muestra, hoy por vez primera la prima de riesgo ha alcanzado los 500 puntos). Desde Paralelo 36 (P36) pensamos que tiene al menos cuatro objetivos ineludibles.

a) Activar Andalucía para resistir los embates centralistas y derechistas del PP, defendiendo la democracia, nuestro autogobierno y el estado social, realidades profundamente imbricadas.

b) Romper con el pasado que nos ha conducido a una situación de crisis diferencial y de corrupción endémica a causa de un modelo económico desarrollista que no ha puesto las bases para una economía sólida adaptada a los requerimientos del siglo XXI.

c) Crear empleo y proteger a los desempleados.

d) Poner en pie otro modelo económico, político, social y ambiental.

Esta forma de abordar el Plan de Ajuste es un tremendo error porque:

a) Pone el peso de las medidas sobre los gastos y no sobre los ingresos.

b) Vuelve a cargar el grueso del objetivo de la reducción del déficit en las espaldas de un colectivo ya castigado por las políticas centrales lo que pone en la picota a los empleados públicos andaluces con un recorte brutal que no responde a ninguna lógica de equidad sino simplemente a que es un colectivo con poca capacidad de negociación que se usa para cuadrar las cuentas públicas.

c) Como denuncia el Área Pública de CCOO de Andalucía: “si hemos criticado que la Reforma Laboral permita a los empresarios modificar unilateralmente los salarios de sus trabajadores, no vamos a estar callados ni quietos si en Andalucía su Gobierno se decide a adoptar los mismos modos con sus trabajadores”.

d) Es la misma táctica que utiliza la derecha: ocultamiento programático e imposición por sorpresa. Ni negociación previa, ni debate social ni siquiera debate parlamentario.

e) Ahonda en el conflicto entre trabajadores del sector público. Desde P36 abogamos por la reconciliación entre todos los trabajadores desde el respeto a los puestos de trabajo, a la naturaleza pública de la Administración Pública, a la aplicación de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y a la supresión de privilegios. En este sentido era imprescindible abordar una homogeneización de salarios “para que todos los empleados públicos de todas las administraciones a igual trabajo cobre igual” como reivindica USTE, así como una rebaja en los sueldos de los altos cargos superior a la de los empleados públicos y nunca inferior.

La recuperación económica de Andalucía no podrá venir de las políticas de ajuste y el recorte de gastos, que estanca la inversión estratégicamente orientada al cambio de modelo y perjudica a amplios colectivos de la población andaluza, sino desde la búsqueda de fuentes de ingresos.

Desde P36 queremos hacer un llamamiento a la unidad sindical contra estas medidas anunciadas, al debate social de las mismas sin ninguna limitación, a la negociación colectiva con los representantes sindicales de los trabajadores y sobre todo a que su anunciada transitoriedad sea algo más que una salida retórica y se convierta en una realidad cuando se reivindiquen y se conquistan vías alternativas de ingreso que pasan por otro modelo de financiación autonómica basada en la población y no en el PIB, la reforma del sistema de administraciones públicas y en una reforma fiscal que combata el fraude, instaure la fiscalidad verde y grave las transacciones financieras.

19/05/2012 · Paralelo 36