JOSÉ BEJARANO · Que Juan Manuel Sánchez Gordillo es un excelente propagandista lo sabemos todos los que llevamos en esto del periodismo unos pocos años. Sánchez Gordillo sabe vender su mercancía revolucionaria, que los medios de comunicación y autoridades compran al por mayor. Entrar con su gente en dos supermercados para llevarse alimentos de primera necesidad con destino a los pobres tiene asegurada la portada de los diarios. Eso es noticia siempre, más aún si sucede cuando cientos de familias pasan penurias por el desempleo.
Sin embargo, no me interesa tanto la “expropiación forzosa” de diez carros de la compra como el mensaje de fondo que el hecho encierra. Porque el polémico diputado andaluz y alcalde de Marinaleda será populista, oportunista y todos los istas que queramos colgarle, pero de tonto no tiene un pelo. En eso creo que también hay bastante coincidencia. Lo que quiero resaltar es que la acción del SAT de esta semana pone de manifiesto, aún más si cabe, la contradicción brutal de la distinta vara de medir que emplea el Estado ante el delito.
Sobre todo, le pone rostro humano a algo que casi todos hemos pensado y hablado tantas veces en los últimos años: la injusticia de un Gobierno que no duda en alinearse con los poderosos en contra de los desposeídos, que lleva a cabo una expropiación forzosa del estado de bienestar, que es incapaz de garantizar mínimamente el derecho al trabajo, que esquilma a los inmigrantes obligándoles a pagar la asistencia sanitaria, que recorta las ayudas a la dependencia… Y lo hace al mismo tiempo que destina ingentes cantidades de dinero a sostener bancos ruinosamente gestionados, que luego permite indemnizaciones millonarias a sus exdirectivos, que deja irse de rositas a Rato, a Urdangarín, a Dívar…
Lo que nos dice la acción del SAT, demagogia y oportunismo aparte, es que ese Estado ha roto el consenso social que lo legitimaba para representarnos a todos, independientemente del lugar que ocupe cada cual. Que ha inclinado injustamente la balanza hasta el insulto. Que estos políticos no nos representan, que los bancos no son fiables para la mayoría de los ciudadanos, como tampoco la Justicia, las fuerzas de seguridad, el manido mercado o la prensa alineada. Esta deriva nos lleva por una pendiente muy peligrosa.
¿Justifica todo esto el robo? No, de ninguna forma. El fin nunca justifica los medios, pero tampoco se le puede pedir a la gente, como se hace estos días desde distintos foros, que se conforme con vivir de la caridad o de la ayuda de sus familiares. ¡Que para repartir comida a los parados ya está Cáritas!
Podemos quedarnos en la anécdota y calificar la actuación del SAT de acto meramente propagandista. Pero sería un error que me temo va a ocurrir. Habrá detenciones, procesamientos y sanciones (leves, por supuesto) ¿Y nada más? La actuación del SAT no es una anécdota, sino un aviso. El principio de un proceso de consecuencias muy serias.
Para empezar a solucionar esto, lo que tiene que hacer el Gobierno es (aparte de actuar legalmente -con mesura- contra los protagonistas de la “expropiación”) recuperar el sentido de la justicia, la ecuanimidad en todas sus intervenciones, dejar de lado la sinrazón de decir que hace “lo que tiene que hacer”. Lo contrario será asumir, como hace el SAT de Sánchez Gordillo, que la base de la política sigue siendo la lucha de clases y que el Estado ya ha tomado partido. Si el Gobierno no lo desmiente con hechos, los demás también tendremos que tomar partido, y no precisamente para estar a su lado.
09/08/2012
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