14 de junio de 2012

MANIFIESTO DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA


Las últimas medidas que el actual gobierno está llevando a cabo, motivadas por la crisis económica y con excusa de la necesidad de políticas de racionalización y austeridad, han dinamitado los cimientos del sistema público de educación.

El Real Decreto Ley 14/2012 se ha elaborado y aprobado sin consulta, debate ni reflexión previa; ejemplo de una gestión totalitaria, oscurantista, precipitada y nefasta, con una falta absoluta de respeto a las estructuras públicas y democráticas. Todo esto desvela un desconocimiento absoluto, o estratégico, de la Universidad Pública y el papel que ésta juega en la construcción de una sociedad justa e igualitaria.

La primera lesión se produce en las enseñanzas pre-universitarias, donde se aumenta la carga de los docentes, se disminuye la tasa de reposición del profesorado y se amplía el número de estudiantes por aula. Esto encamina la enseñanza básica hacia la masificación, lo que unido a la reducción de un único tipo de Bachillerato por centro público, genera el primer filtro en el acceso a la Universidad y traerá como consecuencia una merma importante de la calidad de la enseñanza.  

Las medidas impuestas a la Universidad Pública son aún más graves, al atacar los pilares esenciales sobre los que ésta se ha ido construyendo desde la llegada de la democracia: su autonomía, su gestión democrática y el acceso en igualdad de condiciones para el conjunto de la sociedad. Al recorte presupuestario general hay que añadir el aumento de los costes de la matrícula, que incrementan desproporcionalmente en las sucesivas convocatorias y la exigencia a los estudiantes extracomunitarios del pago del 100% de sus estudios. También se recortan las becas y se endurecen los requisitos para su obtención. El conjunto de estas medidas atenta contra el principio de igualdad de oportunidades para el acceso a la educación superior destacando su carácter xenófobo y elitista, atentando violentamente contra las clases sociales más desfavorecidas.

Lo mismo sucede con los estudios de Máster, que disparan sus costes, dificultando la formación de un nuevo tejido de doctores e investigadores, lo que daña a corto plazo la capacidad de renovación, investigación e innovación de la Universidad Pública. El desprecio del talento y la fuga de cerebros será una realidad en este país.

La exigencia al profesorado del aumento de su carga docente, unido a criterios de meritoriaje, provocará en primer lugar la lesión del desarrollo y acceso a la investigación, y su desvinculación con la docencia. La investigación es la garantía de la actualización y renovación de los contenidos en un continuo flujo de respuesta a las distintas demandas sociales. La Universidad no puede quedar al margen de la sociedad a la que sirve, y este Decreto atenta contra éste concepto, lesionando y estancando los contenidos de las enseñanzas.

En segundo lugar y debido al aumento de horas de docencia, esta medida significará la expulsión de los contratos más débiles que existen en la universidad, aquellos que curiosamente suelen recaer en la plantilla docente más joven. Una de las figuras que se pone en crisis es la del profesorado asociado universitario, modelo de docente precario que al ejercer la actividad profesional vincula las enseñanzas con el ámbito laboral, herramienta esencial para conectar estas realidades. 

La expulsión del profesorado significará el aumento de estudiantes por aula, masificándolas y disminuyendo la calidad de la docencia. Es un paso atrás en las políticas de excelencia y calidad que se han estado persiguiendo en los últimos años, dirigiéndonos hacia una relación entre docente y estudiante meramente de trámite y finalista, destruyendo cualquier mejora en pro de un avance pedagógico o relación colectiva en el proceso de aprendizaje, compromiso pendiente de la Universidad Española. 

Venimos de una Universidad en la que la transición democrática pasó desapercibida, con una herencia todavía viva del régimen franquista, donde la lucha de los estudiantes en pro de la construcción democrática y participativa no ha desaparecido. Las sucesivas reformas no han apostado por su profunda transformación, sólo se han limitado a minucias en pro de la jerarquía y la eficiencia económica, olvidando la calidad y renovación de sus enseñanzas, donde el papel del estudiante sea su eje fundamental. Esto demuestra que el tema de la educación no ha sido ni es una verdadera cuestión por parte de la burocracia política de izquierdas o derechas de éste país.

Otro de los escenarios que dibuja este Decreto es la privatización de la Universidad. Se reduce la financiación pública, se promueve la alianza con empresas privadas y se otorga mayor poder de decisión al Consejo Social, órgano asesor de la Universidad ajeno a su estructura democrática y compuesto, entre otros, por empresas privadas. Esta línea de ataque corrobora la llamada Estrategia 2015, dónde entre otras medidas impone que el Rector sea elegido por el Consejo Social, eliminando la legitimidad del Claustro Universitario, donde están representados los distintos colectivos universitarios. Todo esto supone un ataque directo a la autonomía universitaria y a su funcionamiento democrático.

La educación es una apuesta por las nuevas generaciones, el mayor capital que tiene una sociedad para construirse, para mejorar y avanzar. La oportunidad del desarrollo profesional, intelectual y humano debe estar abierto a los jóvenes de todas las condiciones sociales y económicas, sexo y procedencia, evitando la concentración de privilegios en colectivos con más recursos. 

Jamás saldremos de la crisis con estrategias como el Real Decreto 14/2012, que nos dirige hacia una sociedad más injusta, menos preparada y con menos proyección de futuro, lo que nos deja en peores condiciones para salir de la crisis económica. Nunca la condición económica debe imponerse sobre la humana, ya que Mercado y Estado deben estar al servicio de la sociedad civil, y no al revés. 

La crisis está siendo utilizada como herramienta para destruir todos los avances sociales que parecían consolidados: es una estampida hacia atrás, hacia la estratificación social, hacia la pobreza intelectual,  hacia la desigualdad y el empobrecimiento colectivo, es un pleno ejercicio de  retroceso social. No es sólo la universidad, es la destrucción de las herramientas que los estados democráticos establecieron para garantizan la igualdad y la justicia social.

Es un discurso que hay que desenmascarar: el gasto social no es el origen de la crisis, no representa ni una ínfima parte de la deuda que han generado como beneficio las entidades financieras. La austeridad es un eufemismo que esconde el recorte de derechos sociales fundamentales consolidados, como la educación y la sanidad. No es obligatorio sufrir un retroceso y recorte de todo lo conseguido en estos últimos 30 años de democracia para levantarnos. Porque de esta manera siempre viviremos arrodillados.

Ante una situación de esta envergadura, la preocupación individual, los miedos, la indiferencia y la ignorancia tienen que desaparecer, como ha ocurrido en otros momentos de nuestra historia. Avanzamos, siempre lo hemos hecho, dirigiéndonos hacia la reflexión y construcción colectiva, que es nuestra mayor fuerza. Ese es el camino a seguir dentro del caos en el que se empeñan hundirnos: claridad y contundencia.

Estudiantes y profesores hemos contestado rotundamente, y de manera colectiva, comprometidos y unidos frente a este ataque frontal. Y las herramientas democráticas empleadas en este proceso han sido fundamentales para garantizar esta unión. El CADUS, que cumple sus 30 años, ha recordado qué lo creó y qué persigue, y ha dado ejemplo de cómo debe funcionar una institución pública universitaria: en compromiso ineludible con sus bases, que somos todos los estudiantes de la Universidad de Sevilla. La lucha estudiantil por la mejora de nuestra sociedad sigue presente a través sus representantes, de sus asambleas, de sus reivindicaciones, tristemente históricas pero alegremente constantes, responsables, fuertes, lógicas y argumentadas, y sobre todo colectivas.

Tras el esfuerzo realizado estos días, no se ha producido ningún acercamiento ni diálogo por parte del gobierno, ni nacional ni autonómico, ante nuestras reivindicaciones. Con gestos sobradamente arrogantes se ha ignorado a los jóvenes de éste país, lo que unido a la evidente censura que han ejercido gran parte de los medios subraya la carencia democrática en la que nos vemos inmersos. 

Como consecuencia a la falta de respuesta de nuestro gobierno, cobrando mayor fuerza, nuestra reivindicación se mantiene intacta: 

-       Retirada del Real Decreto-Ley 14/2012 de 20 de abril de “medidas urgentes de racionalización degasto público en el ámbito educativo”.

-       Retirada del Real Decreto-ley 20/2011 de 30 de diciembre de “medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público”.

-       Exigencia de que el Plan Económico Financiero de Reequilibrio 2012-2014 de la Junta de Andalucía no ponga en peligro la plantilla del profesorado de la Universidad Pública andaluza.

-       Rechazo de cualquier medida que recorte la inversión en la Universidad Pública, exigiendo que en los Presupuestos Generales del Estado y en el de las Comunidades Autónomas, se mantenga íntegra la asignación económica para las enseñanzas públicas.

-       Dimisión sin concesiones del Ministro de Educación, Cultura y Deporte José Ignacio Wert.

El nuevo curso es inminente, y estas medidas avanzan. Muchos compañeros no podrán acceder a sus estudios, a otros los expulsarán, las clases estarán masificadas y perderemos de vista a más de un profesor. Pero lo que está en juego va mucho más allá de nuestra propia individualidad: ante la destrucción del mundo tal y como lo conocemos, defendamos la justicia y la igualdad, el compromiso de la Universidad con la mejora de la sociedad a la que sirve y la Educación como herramienta para la mejora de la condición humana.

Debemos continuar en esta batalla, sin ceder ni un milímetro. No estamos solos ni somos los únicos. Aunque nos hayan silenciado, desde muchos rincones de este país nuestros compañeros han alzado la voz de manera clara denunciando la destrucción de la Universidad Pública y el desvanecimiento de la Democracia.

Estamos convencidos, no pararemos. Hemos perdido el miedo.


Sevilla, a 7 de junio de 2012
Estudiantes de la Universidad de Sevilla

Cabecera manifestación 7J / Contrafoto21

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