OBSERVATORIO DE MEDIOS | EL ENTE PÚBLICO VUELVE A ESTAR BAJO EL CONTROL POLÍTICO DEL PARTIDO GOBERNANTE.
Los responsables de RTVE se elegirán por mayoría absoluta y no se ha revisado el reparto de licencias entre medios públicos, privados y de iniciativa social.
El Gobierno ha modificado vía Real Decreto el sistema de elección de los cargos de responsabilidad en la corporación pública de radiotelevisión para poder imponer sus candidatos sin necesidad de consensuar nombres con la oposición. La elección del presidente y los miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE) ya no necesitará una mayoría de dos tercios en el Parlamento. Desde ULEPICC, asociación de docentes e investigadores de la comunicación, aseguran que se ha producido una regubernamentalización de los canales públicos. Advierten de que con la reforma introducida el pasado 20 de abril “se retrocede al modelo de radiotelevisión pública anterior, en el que la independencia y neutralidad del organismo se hacía muy difícil, cuando no imposible, especialmente en los informativos”.
Teresa Aranguren, vocal en el Consejo de Administración de RTVE a propuesta de IU y actualmente presidenta rotatoria del ente, cree que con el modelo que salió de la reforma de 2006 “lo que se consigue es poner en marcha una RTVE que por primera vez consigue mantener los criterios de independencia profesional, es decir, que ya no es de partido ni de gobierno, es un medio público sujeto a control del Parlamento, que empieza a funcionar claramente sin ser la correa de trasmisión de los intereses del gobierno del turno”. Para Aranguren, “esto ha sido el gran valor de estos años y lo que los ciudadanos han valorado, por las altas audiencias y también porque era un valor democrático a defender”. La modificación legislativa también elimina la presencia de los sindicatos en el Consejo de Administración de RTVE, reduciendo el número de asientos en el consejo de 12 a nueve miembros.
Los recortes llegan a RTVE
A esta reforma hay que añadirle los recortes presupuestarios. Según la presidenta de RTVE, el recorte de 204 millones de euros decretado por el Ejecutivo “está afectando sustancialmente a la programación de TVE” y ya ha provocado “una caída significativa” de audiencia que amenaza con convertirla en “una televisión pública de carácter testimonial”. Aranguren revela que sólo le quedan 27,2 millones para gastar en programas, una vez descontadas las cifras comprometidas para cine americano (41 millones), cine español (3,4 millones), espacios de TVE (1,7 millones) y derechos deportivos (170,3 millones), “lo que deja a la corporación en clara indefensión, sobre todo de cara al entretenimiento”, indica. Además, fuentes sindicales temen que llegue otro Expediente de Regulación de Empleo que sea más duro que el de 2008, cuando el Ejecutivo de Zapatero mandó a más de 4.000 trabajadores de RTVE a una jubilación anticipada. Los medios públicos, según Aranguren, “están en grave peligro no sólo por el Decreto Ley, en este marco de acoso y derribo a lo público que está en el aire de la crisis, RTVE está señalada”. Para José Manuel Martín Medem, profesional de larga trayectoria en el ente público, los recortes son intolerables porque “el punto de partida debe ser considerar la información como un servicio público al mismo nivel que la sanidad y la educación. Sin una información concebida como servicio público, no hay una democracia de calidad”.
Para Aranguren, los informativos no tendrían que cambiar de orientación con el cambio de gobierno, puesto que deben “mantener el estilo e independencia de la información bien hecha”. Sin embargo, se han podido apreciar cambios de estilo en algunas informaciones emitidas en el telediario. En concreto, en la pieza sobre la manifestación atea de Madrid, de apenas un minuto, se dedicaron 17 segundos de la locución a explicar someramente en qué consistía la protesta y 30 a loar la actividad social de la organización religiosa Cáritas. La defensora del espectador, tras ser interpelada por el bloguero Teleoperador, consiguió las explicaciones de Asun Gómez Bueno, directora del canal 24h, y no tienen desperdicio. “Reconocemos que fue un exceso de celo del editor, que de alguna manera dejó que sus creencias y admiración por la labor de Cáritas interfiriera en su trabajo. Asumimos que fue un error y que la información sobre el trabajo de Cáritas no tenía lugar en esa pieza”. No ha sido el único caso.
El periodista Jenaro Castro, en su día mano derecha de Urdaci, presentador y director del Semanal 24 Horas, hablaba del “escaso seguimiento” del 1 de mayo. En la panta- lla aparecían imágenes de varios sindicalistas. Sobre las imágenes, la locución que explicaba que en las protestas participaron sindicalistas “que cobran 180.000 euros como delegados en Bankia y que defendieron la educación pública, a pesar de llevar a sus hijos a un colegio privado”. Para Medem, este nuevo modelo en RTVE supone una “pérdida de credibilidad de cara a la sociedad. Al reducir el presupuesto limitas su capacidad de producción y la audiencia se va a trasvasar a la privada. Lo más importante, que es la información, se ve lastrada por el control gubernamental, así asfixias política y económicamente el modelo de televisión pública”. Para Medem, esta polémica no existiría si el Gobierno de Zapatero hubiera cumplido su promesa de constituir el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), incluido en la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA). Según la ley, es competencia del CEMA “garantizar la independencia e imparcialidad del sector público estatal de radio y televisión”.
EL DERECHO AL ACCESO A LOS MEDIOS PÚBLICOS SIGUE BLOQUEADO
La Constitución (1978) establece en su artículo 20, tercer apartado, “el derecho de acceso de los grupos sociales y políticos significativos a los medios de comunicación social dependientes del Estado”. Desde 1980, el Estatuto de la Radio y la Televisión obligaba al Consejo de Administración de RTVE a regular y aplicar el derecho de acceso, pero las mayorías formadas por UCD, PSOE, PP, CiU y PNV se negaron a cumplir el mandato constitucional. Con 30 años de retraso, el Consejo de Administración de RTVE decide cumplir con su obligación en el desarrollo de la Ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal (2006).
“La historia del derecho de acce- so es la historia de una realidad que se ha mantenido en la clandestinidad porque jamás ningún medio ha hablado de ello y porque muchos de los interesados desconocen sus derechos”, explica el periodista José Manuel Martín Medem, una de las personas más implicadas en su defensa. “Es uno de los ingredientes más progresistas de la Constitución”, afirma.
Este derecho debería plasmarse en la disponibilidad de espacios audiovisuales para partidos pequeños, sindicatos o movimientos sociales. ¿Qué lo impide? “Las mayorías del Consejo de administración de RTVE se han negado a aplicar ese derecho y, como no ha habido una reclamación enérgica desde los movimientos sociales, ha tenido impunidad”. El derecho al acce- so establece que estos espacios estén en la programación de RTVE y en las autonómicas, y además sean espacios en los que los entes públicos pongan a disposición de los colectivos los recursos técnicos y humanos necesarios. Medem explica que, “como no se ha producido el acceso, el sector social está silenciado y bloqueado, frente a un sector público en retroceso y uno comercial con absoluta impunidad”.
La paradoja, para Medem, es “que representantes de las organizaciones que tienen derecho al acceso no han reclamado ese derecho y han contribuido a mantenerlo bloqueado. Una muestra de que los sindicatos nunca han entendido la importancia de la comunicación”.
20/05/2012 · Tomás Muñoz · Periódico Diagonal
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