20 de mayo de 2012

El principio del fin de la sanidad universal

RECORTES | LAS REFORMAS SANITARIAS SON ANALIZADAS DESDE UNA DE LAS PLATAFORMAS ANTIPRIVATIZACIÓN COMO PARTE DE UN LARGO PROCESO.

Repasamos las consecuencias de la ‘contrarreforma sanitaria’ con las últimas medidas aprobadas por el Gobierno y los cambios en el modelo de sanidad. 





El Real Decreto Ley 16/2012 aprobado por el Gobierno supone un paso más –muy importante– dentro de la contrarreforma sanitaria que se viene realizando desde hace años, e implica modificaciones sustanciales en el modelo de sanidad pública universal, además de abrir vías para futuros recortes. Para empezar, vincula el derecho a la atención sanitaria al aseguramiento (excluye de la atención gratuita a quienes no ostenten esta condición) y no establece que éste tenga que ser al régimen general de la Seguridad Social, lo que deja abierta la posibilidad de modelos de aseguramiento diferentes (orientados a la desgravación fiscal de seguros privados).
Apoyándose en el discurso xenófobo de un supuesto abuso, excluye de la atención integral a los inmigrantes no regularizados, limitándola a urgencias, embarazos y a los menores de 18 años, a pesar de que existen múltiples estudios que demuestran que los inmigrantes (regularizados o no) utilizan en menor medida que los nacionales el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Además, como la sanidad se financia vía impuestos, incluso los irregulares aportan con impuestos como el IVA su dinero para el mantenimiento de los servicios públicos. Se trata de una medida inhumana, injusta, inmoral,peligrosa desde el punto de vista de la salud pública (aumenta el riesgo de focos de enfermedades infectocontagiosas) y negativa desde el lado de los costes (al ser el único acceso que les queda, se incrementarán las visitas a urgencias).
Por primera vez, se aprueba el “copago farmacéutico para pensionistas” (10% del precio de las medicinas) y el “aumento del copago farmacéutico para el resto de la población”, según teóricos niveles de renta. Así se establece un impuesto a la enfermedad. La protección social, basada en la solidaridad de los impuestos en función de la renta, deja de tener efecto, obligándose a pagar más no a quienes más tienen, sino a quienes están más enfermos.
Prestaciones de su bolsillo
También se anuncia el pago por los usuarios de “medicamentos para síntomas menores”, sin definir cuáles, pero que con toda seguridad serán medicamentos útiles y de utilización frecuente (analgésicos, antihistamínicos), que pasarán a ser pagados por el bolsillo del ciudadano. Se instaura asimismo el pago de una parte del transporte sanitario no urgente, la dietoterapia, etc. ¿Qué pasará con los enfermos que precisan diálisis u oncológicos que realizan varios viajes semanales?
Sin embargo, las actuaciones sobre la industria farmacéutica son testimoniales y de escaso impacto económico. En este sentido existen medidas de lógica común y perfectamente asumibles, como las compras al por mayor y la distribución en los propios centros sanitarios de la medicación prescrita; la creación de una industria nacional para los medicamentos básicos (como la tienen las Fuerzas Armadas); la prohibición de que la formación médica esté en manos de las multinacionales; o incluso la no financiación por el sector público de todos aquellos fármacos que se registren, medidas que podrían ahorrar miles de millones de euros, pero que no van ni siquiera a plantearse.
El documento sí ahonda en el camino de los ‘incentivos perversos’ justificados sobre la “racionalización [recorte] del gasto” y la “competencia –en lugar de la colaboración– entre profesionales y centros”. Los nuevos modelos de hospitales privatizados incorporan incentivos económicos a los profesionales que menos pacientes ingresan, más altas dan o menos derivan a los especialistas.
Los 600 millones de euros que según el Gobierno se van a ahorrar con una supuesta “coordinación entre servicios sociales y sanitarios”, no esconden más que el cierre anunciado de más centros públicos de larga estancia para la derivación de los pacientes crónicos a centros privados, como acaba de ocurrir con el cierre de los dos hospitales de crónicos y paliativos de Palma de Mallorca.
Las medidas anunciadas son, por tanto, un paso más dentro del plan perfectamente planificado que se lleva desarrollando años con la complicidad de las cúpulas sindicales y el apoyo imprescindible del partido ex socialdemócrata. En grandes líneas: por una parte, se traspasan las partes rentables del sistema para lucro de todo tipo de empresas, potenciándose los seguros privados para quienes puedan pagárselos; y por otra, se va articulando un sistema similar al antiguo de beneficencia para excluidos, parados y trabajadores.
La respuesta está en la coordinación de las luchas autogestionadas y autónomas del poder, desoyendo los cantos de sirena de la ‘izquierda posibilista’, cuya postura se limita a la llamada e intento de captación del voto representativo, ocultando que no hay vuelta atrás y que el Estado de bienestar no volverá.
Asamblea abierta en Madrid sobre desobediencia al Real Decreto este sábado
Redacción web
Desde que saltó la noticia de las restricciones para el acceso universal a la atención médica, han cundido las iniciativas de desobedienciaimpulsadas tanto por profesionales como por usuarias y usuarios de la sanidad pública.
Este sábado una de estas iniciativas celebra una asamblea abierta en el centro social Patio Maravillas (Madrid, calle Pez, 21) a las 19 horas. "Somos usuarias del sistema público de salud, personal sanitario (médicas, limpiadores, celadoras, personal administrativo, enfermeros, ...), vecinas y vecinos con y sin papeles pero, sobre todo, personas en contra de una nueva división social entre aseguradas y no aseguradas", informan en la convocatoria de esta reunión pública por la desobediencia al Real Decreto.
La iniciativa quiere impulsar la acción conjunta contra las nuevas directrices sanitarias "desde la práctica cotidiana, tanto desde el personal sanitario como desde los/as usuarios/as". La asamblea tendrá también como objetivo el juntar a personal sanitario y personas afectadas para mostrar "las graves consecuencias de la ley" y para exigir a las ONG "que no acepten la creación de una especie de seguridad social benéfica paralela como pretende el Gobierno". Estas propuestas pretenden ser una iniciativa abierta a otras que estén en marcha o se quieran llevar a cabo.


20/05/2012 · ANTONIO GÓMEZ LIÉBANA / INTEGRANTE DE LA COORDINADORA ANTIPRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA DE MADRID (CASMADRID) · Periódico Diagonal

No hay comentarios:

Publicar un comentario