Mientras la situación se hace cada vez más dramática en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs), como el de Aluche en Madrid donde se vuelve a hablar de hacinamiento y situaciones infrahumanas, el Partido Popular nos va desvelando sus planes en lo que a políticas migratorias se refiere.
Durante la campaña electoral (nacional y autonómicas) ya nos dejaron entrever sus propósitos (no se puede olvidar el famoso videojuego del PP catalán en el que la candidata, Alicia Camacho, aparecía como una “heroína” persiguiendo a los inmigrantes ilegales), aunque los enmascaraban de buenas intenciones.
De hecho, si atendemos a su programa, muchos podríamos suscribir algunas de sus propuestas, como “eliminaremos la restricción geográfica de las autorizaciones de trabajo por cuenta propia o ajena que impiden la movilidad del trabajador extranjero, tan necesaria en época de crisis” o “propondremos que los extranjeros que tengan que retornar a sus países por diversas causas (económicas, laborales, etc…) puedan regresar, si lo desean, conservando sus permisos de residencia y trabajo”.
Pero nada más lejos de la realidad, según las pistas que nos han dado, una de las primeras medidas que se tomarán será la eliminación del arraigo social que permite a las personas inmigrantes, sin papeles, regularizar su situación tras cumplir tres años de residencia si consiguen un contrato de trabajo. Esto no va a ayudar a una inmigración “ordenada” y “legal” como ellos persiguen, sino todo lo contrario, a que las personas que por razones económicas se ven obligadas a dejar sus países y buscar mejores oportunidades de vida en países como el nuestro, cuando lleguen aquí no tengan otra posibilidad que la de engrosar la bolsa de inmigración irregular, que sobrevive día a día en condiciones inhumanas, invisibilizados y sin derechos.
El discurso y el programa del PP se centran en la regulación de los flujos, pero no da opciones para que estos se ordenen. En un país a punto de volver a entrar en recesión, ¿qué posibilidades les quedan a las personas migrantes que ya viven aquí con el estigma de ser “irregulares”? ¿Cómo se van a poder acoger a la migración circular, de la que cada vez se habla más, si no pueden acceder a ella por no tener papeles y, según las nuevas medidas, no van poder tenerlos nunca?
Vivir tres años al margen del sistema de derechos es muy duro para las personas que llegan a España, por vías legales o no, pero que se quedan en esa situación de irregularidad, pero al menos tenían una meta, un objetivo: crear un entorno social, de acogida, sobrevivir en la economía informal y con el apoyo de otras personas, pero con vistas a que esto le ayudara a arraigarse en el país y después acceder a un contrato, a unos papeles que suponen algo más que una mejora económica.
Supone poder acceder a la protección del sistema y también a cumplir con unos deberes, de los que tanto habla el PP. Con la nueva restricción, esto va a ser imposible. Y no creemos que sea una medida “disuasoria” para los y las inmigrantes que huyen de la pobreza, situaciones de conflicto, etc., ni una media para que las mafias dejen de traficar con personas, sino una vía para que los y las invisibles lo sean cada vez más y sus derechos, ya de por si vulnerados, comiencen a ser más que una meta, una utopía.
06/02/2012 · Revista Pueblos
* Este artículo ha sido publicado en el nº 50 de Pueblos - Revista de Información y Debate, primer trimestre de 2012.
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