La lucha en contra del crimen organizado se ha convertido en un gran tema de las relaciones internacionales y de la necesaria redimensión del Estado Nación frente a amenazas globales. El año 2008 en el curso de Técnicas Aduaneras Internacionales conocí al entonces Administrador de Aduanas de Veracruz. A los pocos meses de esa beca en la Escuela de Estudios Fiscales de Madrid, supimos, con dolor e impotencia, que nuestro colega había sido una más de las miles de víctimas del narcoterrorismo que asola a México.
A partir del atentado de las Torres Gemelas, el 11 de Septiembre de 2001, el interés de la Defensa de EEUU se centró en la amenaza terrorista. En esa nueva dialéctica se acuñaron doctrinas como la de la guerra preventiva, con sistemas represivos extremos que anularon las garantías constitucionales, creando áreas grises en las que se validó contra el Estado de Derecho, el terrorismo de Estado. Paralelamente, surgieron nuevos requerimientos de seguridad para el comercio y el transporte, fronteras, puertos, aeropuertos,. La Ley de Bioterrorismo impuso rigurosas reglas para todo exportador de productos alimentarios que tuvieran por destino los Estados Unidos. Se comenzó a trabajar en la OMA, Organización Mundial de Aduanas en el Operador Económico Autorizado; se incrementaron las exigencias de escaneo de contenedores, para evitar el tráfico de precursores de explosivos y de cualquier elemento que pudiere convertirse en arma terrorista. El acento pasó de las medidas antidrogas a la seguridad anti terrorista.
El Centro de Estudios de Iberoamérica publicó, en su volumen 1 de 2010, el Ensayo de la Académica Sagrario Morán Blanco, Doctora del Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, titulado “La Delincuencia Organizada en América Latina: Las Fuerzas Armadas contra el Crimen en México”, en el cual señala los efectos de la apertura de las fronteras nacionales, de la disminución de las restricciones comerciales y financieras, que junto con la modernización de los sistemas de telecomunicaciones, han facilitado la expansión de la delincuencia organizada a nivel trasnacional.
En el espacio latinoamericano la inseguridad pública es una de las principales amenazas para la estabilidad, el fortalecimiento democrático y el desarrollo. El ensayo explica hasta qué punto la inseguridad generada por los carteles de la droga y el crimen organizado es uno de los grandes problemas de la población latinoamericana, -cuatro de cada 10 ciudadanos latinoamericanos reconocen que ellos o algún familiar han sido víctimas de asaltos, agredido o víctima de un delito en el último año. Además en el artículo se hace especial mención al caso mejicano, un país en el que operan siete carteles del narcotráfico. En los últimos años el Gobierno mejicano ha iniciado una ofensiva, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, para debilitar el fenómeno.
Por otra parte se ha extendido una tendencia liberaloide que esgrime como bandera la despenalización del consumo de la marihuana y las drogas de uso personal, planteando la falacia de que con ello se bajaría los rendimientos económicos que hoy logran las mafias y que al ser mal negocio, ellas dejarían de actuar y el problema de la violencia se reduciría. Esta visión es errónea porque parece ignorar que las mafias tienen sus dinámicas propias y su actuación es diversificada. Que operan simultáneamente en diversos tipos de ilícitos. Que si se abre un espacio de despenalización ello serviría a los narcotraficantes para ampliar mercados con impunidad, de manera de introducir drogas más pesadas y de mayor grado de adicción, con lo cual aumentaría su negocio y su peso negativo en la sociedad. Por lo tanto, los Estados no deberían entrar en ese camino reduccionista, sino centrar los esfuerzos en fortalecer su inteligencia y su capacidad de lucha contra el crimen organizado.
Las guerras entre 7 carteles por el control de la distribución de drogas está desangrando a México. El presidente Felipe Calderón Hinojosa ratificó el compromiso de su gobierno en la lucha contra el crimen organizado, y rechazó que la intervención de las Fuerzas Armadas y federales sea lo que cause la violencia.
En su expansión, las mafias se instalaron en Centro América con sus maquinarias de muerte, ejércitos de mercenarios y sicarios, que han colocado en jaque al Estado. En Brasil las mafias ocuparon las favelas, estableciéndose en áreas en las que la policía no podía entrar y el Presidente Lula tuvo que recurrir a las fuerzas armadas para ejercer la soberanía del Estado en esas barriadas ocupadas por el narcocrimen.
En Venezuela, el Presidente Chávez organizó una fuerza especial del ejército para abocarse a la lucha en contra de la delincuencia. Lo propio se da en República Dominicana donde el Presidente ha sacado al ejército para combatir las bandas organizadas.
En capitales como Santiago de Chile, los delincuentes también fueron ocupando los barrios y los espacios públicos, con balaceras constantes y una gran desprotección de los habitantes de esas poblaciones ocupadas por el narcotráfico.
El Estado debe enfrentar en medio de esta guerra contra el crimen, la amenaza cierta de que las instituciones se corrompan y esto es especialmente sensible cuando se trata de las Fuerzas Armadas que manejan armamento de guerra, ya que el riesgo es que se produzcan desvíos de armas a los carteles de la droga.
Ha sido el caso de El Salvador, país en el cual, desde que el presidente de la República, Mauricio Funes, ordenó un amplio despliegue militar en todo el país para tratar de frenar los altos índices de violencia que se afrontan, varios sectores de la sociedad civil advirtieron el peligro que corría la entidad castrense de ser infiltrada por el crimen organizado. Hoy la Fuerza Armada, hasta mayo de 2011 reportaba 42 militares destituidos por vínculos con el tráfico de armas y las pandillas.
Conceptualmente, el Estado ha definido tres áreas de actuación en materia de seguridad.
La Defensa Nacional, cuya función es cuidar de la integridad territorial; la seguridad interior, que debe prevenir todo tipo de acciones que puedan colocar en riesgo o situación desestabilizadora al sistema institucional del Estado Democrático; y la seguridad pública, que combate la delincuencia, a cargo de las policías. Tradicionalmente, los tres ámbitos constituían compartimentos estancos, pero frente a los desafíos globales, necesariamente se ha debido generar puentes de coordinación para una actuación más eficaz del estado frente al delito. En el caso chileno los organismos que actúan en cada espacio institucional han sido el Ministerio de Defensa, la ANI, Agencia Nacional de Inteligencia, Policía de Investigaciones y Carabineros. El actual gobierno diseño el Plan Chile Seguro, que procura la acción coordinada de los diferentes entes fiscalizadores para una sinergia que permita cubrir diversos flancos en la lucha contra el delito. En materia de lavado de activos, en el ámbito de Hacienda funciona la UAF. Unidad de Análisis Financiero, que se ocupa de investigar el lavado de activos, en colaboración con otros organismos como Aduanas e Impuestos Internos.
El gran tema es ¿cómo adecuar institucionalmente la Defensa Nacional para colocar a las Fuerzas Armadas en el combate contra el crimen organizado?
Frente a la actuación de las Fuerzas Armadas hay prejuicios ideológicos y dolores aún vivos en la sociedad chilena. En los 16 años de régimen militar el enemigo interno fue el adversario ideológico al que se quiso destruir, eliminar. Esto significó transgredir el orden constitucional y generar a partir de una dictadura de facto una nueva institucionalidad. Gradualmente, durante la transición, las Fuerzas Armadas reasumieron su rol profesional y fueron ganando la estima de la civilidad. Sin embargo, en el inconsciente colectivo aún está instalada la época represiva y ello es un factor político que frente a la utilización de tropas para actuar en contingencias ha pesado y la evidencia de ello, fueron las omisiones y dilaciones de quienes debieron recurrir a ellas frente a la contingencia de un terremoto y tsunami y no lo hicieron en forma oportuna.
Pero, salvando esa barrera de entrada y los naturales celos por las correspondientes competencias institucionales, es objetivamente viable que un Estado Democrático pueda ejercer la legítima fuerza para contrarrestar el crimen organizado. La tendencia internacional muestra que por esta vía los países latinoamericanos están tratando de frenar la expansión de las tenebrosas redes del narcoterrorismo.
Lo sustantivo es hacerlo a tiempo, con una voluntad de Estado, donde con visión de largo plazo se superen las percepciones ideológicas para poder derrotar a tiempo a un enemigo que no duerme y que corroe las bases mismas del Estado Nación.
El desafío es adoptar decisiones regionales coordinando las acciones para desmantelar los carteles internacionales, antes que ellos ocupen y corrompan las instituciones, como han sabido hacerlo en otros países más vulnerables.
10/12/11 · Hernán Narbona Véliz, Periodismo Independiente · NOTON
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