En medio de las violentas escenas vividas en el Congreso de Valparaíso y en la toma por 6 horas del de Santiago, ha cundido en la opinión pública una suerte de cansancio profundo. Los dirigentes de la Confech sesionan en Osorno para ver qué destinos sigue el movimiento estudiantil. Los vándalos y encapuchados se han convertido en los actores principales de las marchas, dejando en segundo plano las comparsas, los carteles, las alegorías y el colorido que encantaron a la opinión pública.
Cabe preguntarse ¿Quiénes ganan con esto?
La sensación de impunidad, con turbas cotidianas que cumplen su rutina destructiva después de cada marcha, ha dado pie a muy lógicas especulaciones acerca de quién o quienes mueven los hilos para generar temor social. Son los rumores que comienzan a circular en torno al dejar hacer, dejar pasar, de toda la institucionalidad frente a la delincuencia, generando la sensación de desprotección y una desesperación que se expresa como defensa y justicia por mano propia en contra de delincuentes.
Ya se vio a una mujer comerciantes agarrar un palo de golf o una chueca – juego araucano con un palo de coligue doblado y una pelota, parecido al hockey- y emprenderlas contra los encapuchados. Esa imagen de ira ciudadana en contra de encapuchados en patotas, frente a fuerzas policiales dubitativas, que más bien suben al carro a espectadores o transeúntes pacíficos, mientras los vándalos posan para la tele, haciendo de las suyas, todo ello ha generado un clima de nueva indignación, frente a la impunidad y la desprotección que se está viviendo.
Objetivamente, tener al grueso de los Carabineros en medio de marchas y barricadas, descuida la seguridad en las poblaciones y los patos malos gozan de un pasar mucho más tranquilo para su negocio.
Lo cual ha llevado a reclamos airados del propio Ministro de Justicia hacia los jueces, por la liberación casi inmediata de personas detenidas por desorden público, muchas quizás efectivamente inocentes y víctimas de un arresto sin fundamento, pero muchos también vándalos que cometen reiterados robos y destrozos. Esos quedan igual libres, los fiscales no alcanzan a presentar pruebas en medio del caos y sabedores de ello los delincuentes siguen reciclándose para nuevos saqueos y destrozos, dejando en la ciudadanía la sensación de que manos arteras los dirigirían desde las sombras, para fines espúreos.
Puede que estemos viviendo los efectos del garantismo que impuso hace 10 años la reforma procesal penal, con la cual el gobierno quiso vender al mundo la imagen de un país avanzado en Justicia y Derechos Humanos, pero que en el camino se vio cruzada por errores o vicios de gestión que dejaron a Chile sin cárceles suficientes y con la necesidad ad portas, de liberar por exceso de población penal a delincuentes condenados por “delitos menores”, porque no caben sencillamente en las cárceles colapsadas del actual sistema carcelario, preocupa la actitud de irrespeto a las instituciones republicanas que se ha instalado en el conflicto, la falta de separación conceptual de la dirigencia y vocería que viajó a Europa, de los grupos anarquistas que han buscado impedir incluso la discusión parlamentaria de la Ley de Presupuesto.
Por lo tanto, culpar a los magistrados de errores políticos y mala gestión del poder ejecutivo, es olvidar que en 22 años se ha fallado en las políticas públicas frente a delincuencia y la marginalidad, porque también en este frente se aplicaron las perversas leyes del mercado en sustituto a una acción responsable del Estado, con la consecuencia de amplios barrios ocupados por las mafias, el imperio de los traficantes de drogas y jóvenes que son sus soldados, enormes contingentes de marginales, delincuentes organizados cual mercenarios, pagados de seguro con el dinero sucio que circula por los laberintos de esta caja negra de la delincuencia y crimen organizado.
Yendo a las percepciones de la clase media, a lo que se comenta hoy en las redes sociales, lo cual es de alto peligro para la gobernabilidad. Súmese a esto, del lado del gobierno, la acción reactiva de las autoridades, lo cual ha movido a las cúpulas empresariales a plantear su apertura para una reforma tributaria, que financie un alto grado de gratuidad para la educación y apague el fuego que alimenta in crescendo la caldera social. Este pragmatismo empresarial expresa que en sus círculos ha calado la preocupación por los límites objetivos del modelo construido al amparo del régimen militar.
La indignación de la clase media es de fondo, tiene que ver con la esclavitud que impone a las familias el sistema financiero, los abusos de los bancos y del retail, la constatación de haber vivido una estafa en sus ahorros individuales, cuando después de 30 años se comprueba que las pensiones del sistema de AFP capitalización individual, serán viles y que durante tres décadas esos ahorros han servido sólo a los grupos que se hicieron de esos recursos, inyectándolos a sus propios proyectos sin que jamás se diera participación a los afiliados en la gestión de esos capitales acumulados.
Vale decir, educación, previsión y salud son los espacios que nutren el descontento popular de una clase media que se ha salido de sus casillas al arriesgarse a una movilización social extendida, pero sobre la cual también pesa el historial de tiempos peores que todos han vivido. Sin embargo, manteniendo un sentimiento democrático republicano se han empoderado y se alistan para sacar del Congreso con la fuerza soberana del sufragio a quienes siguen de espaldas al pueblo que los eligió y que son muchos.
Esa clase media interconectada con el mundo, deja de ser un mero espectador y toma parte activa en la crisis, entendiendo que si se advierte una confrontación entre poderes del Estado, la situación es cada vez más seria, porque se ha violado las fronteras de independencia que debe existir en democracia para los parlamentos, la Justicia y las Universidades; además, esa clase media es hoy más laica y autoreferente pues ha comprobado que la Iglesia Católica, que tuviera un rol importante en la época del régimen militar hoy carece de una voz moral legítima que pudiera ser escuchada y seguida como para mediar en el conflicto social, lo cual ha sido consecuencia del descreimiento que ha cundido respecto a sus actuaciones, sus propios vicios y escándalos de abusos y pedofilia. Por lo mismo, la clase media está muy sola en medio de todas estas tensiones ambientales y que han creado un clima de temor social.
La irresponsabilidad política de actores sociales y políticos, de tensar la situación al máximo y no haber conversado a fondo cuando correspondía, ha llevado al inconsciente colectivo a comparar estos escenarios actuales con los vividos antes del golpe de Estado de 1973, donde al menos, era claro el complot, el desgobierno provocado desde la ultraderecha y la ultraizquierda. Hoy aquellos mismos protagonistas están desconcertados, porque la avalancha social de hoy es mucho más compleja, mezcla de marginalidad económica, de cansancio extendido con un sistema intrínsecamente injusto y de sectores que directamente apuestan a destruir la institucionalidad, especulando con que el caos les sea propicio.
Un gran Pacto Social por la Educación Pública en Chile y un trazado de largo plazo hacia la gratuidad y la calidad, con una reforma tributaria que concrete esa evolución de las condiciones actuales, sería como se dijo en el Senado por miembros de la Comisión de Educación, la única salida republicana y de Estado para la paz social y abrirse a las correcciones de fondo a un sistema que se ha agotado.
Fotografía de Carla Leal Quintana · NOTON Chile
23/10/11 · Hernan Narbona Veliz para NOTON · Periodismo Independiente
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