Que los estudiantes se hayan retirado abruptamente de la mesa de diálogo pareció una rabieta de adolescente, pero sus implicancias políticas son serias. Parece haber muchos, movidos por diferentes intereses, que quisieran hacer fracasar el diálogo y mantener de hecho el statu quo.
Que nuevamente un jueves haya dado lugar a una marcha no autorizada, con una dura aplicación de fuerza por parte de Carabineros.
Que la vocera del movimiento estudiantil, Camila Vallejo, haya declarado que el lanzamiento de piedras a Carabineros ha sido autodefensa,
Que ya no son los estudiantes pacifistas con las manos levantadas en contra de los vándalos, protegiendo a Carabineros para evitar que se se les agrediera, los que pesan en el movimiento social.
Directamente la violencia se instaló en medio del conflicto.
Todo esto ha colocado el tema de la educación casi en segundo plano. El gallito se centró en cómo penalizar los saqueos y de paso las tomas, en aras de una paz social, que más parece ser pax romana.
Ya no prima esa actitud moderada y de no violencia, con marchas llenas de alegoría y colores, que favoreció la adhesión y simpatía de la ciudadanía al movimiento, en un nivel de casi 80%. Ahora son directamente los extremismos ideológicos mezclados con los vándalos y turbas organizadas de delincuentes, los que se han tomado las marchas, ya que concurren preparados para el enfrentamiento urbano. Lamentablemente esos sectores minoritarios llevan la batuta en las movilizaciones.
El abandono de la mesa de diálogo ha provocado objetivamente una escalada. El gobierno, para no parecer débil, juega también sus cartas duras, pretendiendo, por ejemplo, lograr en forma urgente una ley que penalice el vandalismo y la barbarie, pero mezclando en la iniciativa una penalización a las tomas de colegios y universidades, olvidando que la autonomía e inviolabilidad de los recintos universitarios ha sido siempre parte de la tradición democrática y republicana de Chile.
Ya habíamos escrito sobre las tres almas que juegan en la Alianza por Chile y lo que se aprecia es que la derecha liberal progresista ha perdido terreno y que lo empezaran a ganar los grupos autoritarios. Lo que queda claro es que Piñera se está farreando la oportunidad histórica de marcar un vuelco en la historia y conducir la recuperación de la educación pública para hacerla de calidad y equitativa. Tendría los resortes políticos para invertir en el sistema universitario público, excluyendo quizás a las universidades católicas que gozan de esos beneficios siendo confesionales, y avanzando hacia un sistema mixto de educación superior, aplicando un fuerte sistema de becas para personas de bajos recursos pero de buen rendimiento, que durase toda la carrera, bajo condición de mantener el rendimiento mínimo.
Por otra parte, la desmunicipalización y descentralización de la educación secundaria parece tener amplia aceptación. Sin embargo, la oposición metió una cuña al ingresar un proyecto que busca eliminar toda subvención a colegios particulares, los que deberían ser autofinanciados, debiendo subir las matrículas.
No se ha hablado de la calidad en términos de evaluar la docencia. Es un tema que el Colegio de Profesores ha tratado de dejar a buen recaudo, pero eso es fundamental para cualquier proyecto serio de educación.
Si se revisan los diversos puntos y se entra en el tema de gratuidad, el Estado podría fijar en el área de lo público un sistema por mérito y con colegiatura escalonada según situación social.
Es obvio que ello implicaría una mayor cantidad de recursos y para que esto fuese sustentable en el tiempo, habría que aumentar los impuestos de manera progresiva. Aquí está el talón de Aquiles del gobierno, pues acá entran a influir esos intereses que son el tercer alma de la derecha chilena, integrada tras bambalinas por los grupos económicos que detentan el poder económico en Chile y a quienes no interesa que se aumenten los impuestos directos, en circunstancias que esos sectores obtienen dinero del sistema previsional, manejan los instrumentos de capitalización del mercado de capitales, operan con multi Rut, distribuyendo las ganancias entre distintos establecimientos para evitar que los alcancen tramos tributarios más duros.
Pero, para enfrentar a estos grupos de presión hay que tener voluntad política y en eso el gobierno ha flaqueado, quedándose en aumentos presupuestarios puntuales que no son estructurales. Por lo tanto, si el gobierno quisiera dar respuesta a la gratuidad del sistema público, dejando espacios para educación particular pagada para quienes quieran o puedan pagarla, tendría que disponer de ingresos tributarios sólidos, lo cual implica aumentar los impuestos a las grandes empresas, cuestión que le ha recomendado el propio fondo Monetario Internacional, lo cual suena casi a ciencia ficción.
Así las cosas, el movimiento social sigue entrampado en el dogmatismo, estirando el elástico con el grave riesgo de perder legitimidad. Son miles las familias que no quieren perder el año y lo están perdiendo. Son muchos más que los movilizados los alumnos que esperan en sus casas que se vuelva a la normalidad. Son una gran mayoría del país los que, simpatizando con la demanda, repudian la acción violenta y la intromisión de delincuentes en las protestas.
Del otro lado, con tensiones internas al interior de la Alianza, las visiones autoritarias parecen haber tomado la vanguardia dentro del gobierno para reaccionar con más fuerza frente al conflicto, estigmatizando a todo el movimiento estudiantil como vandalismo y delincuencia.
Un plebiscito que no ayuda.
Se ha montado un acto inconducente y distractivo. Una convocatoria a votar en un plebiscito que da la falsa impresión de participación cívica y no pasa de ser otro artilugio mediático para enrarecer el conflicto. En estas acciones simbólicas subyace un peligroso desconocimiento de la institucionalidad vigente. Se quiere escamotear al gobierno su autoridad constitucional y legítima, bajo el pretexto de que las encuestas demostrarían que cuenta con una baja adhesión. Aceptar este argumento sería asumir una Encuestocracia, una acción contra la república y directamente se estaría cayendo conscientemente en una acción desestabilizadora cuasi golpista, ya que en Chile no se vive en dictadura; se vive, guste o no, en el marco institucional de una democracia representativa que la civilidad ha validado en las elecciones presidenciales, de parlamentarios y municipales, respetándose el Estado de Derecho.
Por lo tanto, convocar a plebiscitos que no pasan de ser un show mediatico no hace sino agudizar el conflicto e impedir la salida institucional que pasa por un Acuerdo Social y Político que se convierta en nueva legalidad para el sistema educacional. Todo lo demás es simplemente rupturista y antidemocrático, pues lleva el conflicto a una situación de desgobierno que deja a las instituciones en riesgo de colapso.
En vez del circo, lo político sería convocar a la inscripción masiva de los automarginados para que ellos voten pero de verdad y que con esa fuerza nueva se cambien las cosas desde el sistema. Me parece una irresponsabilidad política justificar la acción desestabilizadora que se realiza por fuera con el solo objeto de generar ingobernabilidad. En ese sentido, se advierte de parte del gobierno un pobre manejo del Estado, en términos de ejercer la autoridad sin bombos pero de manera efectiva. No esperar que sea un Alcalde, como Labbé, el que pida poner término a la anarquía que se apodera de la ciudad. Bastaría el sentido común, un mínimo compromiso republicano para saber que se debe respetar al Jefe de Estado, que si un gobierno es malo, son los votos ciudadanos los que castigarán en su momento ese mal desempeño.
En un concepto democrático, si el movimiento social logra que se recomponga la educación pública universitaria en términos nacionales, se habría dado un gran paso. Si se desmunicipaliza y el Estado asume la deuda previsional que afecta a cientos de miles de profesores que no pueden jubilar, se estaría solucionando una injusticia que viene desde tres décadas perjudicando la calidad de la educación. Si los líderes juveniles abandonan el dogma panfletario y se dan cuenta de lo mucho que se ha avanzado, sobre todo en comparación de la frustración que sufrieron los pingüinos en el gobierno de Bachelet, se sentarían a cerrar lo avanzado y dejar temas pendientes para solucionarlos por el lado político, generando nuevos referentes político sociales.
Los líderes estudiantiles no deben dejarse manipular por los grupúsculos derrotados en la última elección, sino tomar distancia de ellos, para actuar con criterio propio y en forma transparente.
Y si de plebiscito se trata, hagan plebiscito electrónico en cada Universidad, donde se vote un Si o un No al regreso a clases y un Si o un No a la evaluación de los profesores. Son preguntas que no se atreven a proponer.
La mayoría de la ciudadanía con derecho a voto no debe pisar el palito con juegos mediáticos. Este seudo plebiscito es idea de publicistas que quieren hacer de esto un reality show, donde el resultado es juntar presión contra el sistema, pero sin ir a lo medular del problema, como lo sería concretar las acciones de corrección al sistema educacional público y privado, de manera de generar un sistema mixto que implique mayor fiscalización y mayor equidad, pero con evaluación de los profesores y control efectivo de los sostenedores privados.
Llamar a la cordura y acercar con racionalidad las posiciones es un ejercicio de madurez cívica. La violencia ciega a los protagonistas y esto va llegando a niveles de alto riesgo para la gobernabilidad, donde al final se puede perder la imperfecta democracia que tanto nos costó recuperar y que es de una increíble fragilidad.
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Periodismo Independiente, 7 de octubre de 2011 · Hernán Narbona Véliz para NOTON
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