UE y FMI hipotecan al pueblo griego.
Cuarenta y ocho horas duró la enésima huelga general convocada los días 28 y 29 de junio en Grecia. El objetivo: impedir que el Parlamento aprobase cercenar el Estado del Bienestar heleno con un nuevo paquete de draconianas reformas impuestas por la UE y el FMI. Para ello, miles de indignados griegos se concentraron en la Plaza Syntagma reivindicando justicia social y económica. En toda Europa la ciudadanía comienza a movilizarse contra unas reformas que la clase dirigente trata de imponer. Si bien las protestas comenzaron en Grecia hace meses, y se extendieron a países como Francia, Inglaterra o Italia, el movimiento 15-M en España ha dado una nueva dimensión a las movilizaciones europeas.
Los europeos comienzan a tomar las calles para poner en cuestión el dogma neoliberal que rige las políticas de todos los gobiernos de la Unión. El dominio de las derechas en la vida polítcia de Europa ha determinado que las economías periféricas se hayan tenido que endeudar como consecuencia de la imposición desde Bruselas de unas políticas fiscales regresivas. Hemos asistido a la vez a la total desregulación de los mercados. Los Estados podrían retomar parte de su soberanía imponiendo tasas sobre las transacciones financieras y acabando con los paraísos fiscales, así como reformando el sistema fiscal para hacerlo más progresivo y con la creación de una Banca pública que financie Pymes y autónomos. Ninguna de estas medidas se contemplan en el préstamo de 110.000 millones que en mayo de 2010 aprobaron la UE y el FMI para Grecia. El “rescate” arrastra a los ciudadanos a un periodo aún más hondo de recesión del que difícilmente podrán salir dadas las condiciones sobre las que está asentada la Eurozona. Grecia no puede devaluar su moneda ni incrementar el gasto para estimular la economía, dada las restricciones a aumentar el déficit.
La situación de quiebra en la que Grecia se encuentra se debe a la incapacidad del gobierno para hacer frente a una deuda pública que todos los Estados contraen con entidades financieras privadas con el fin de impulsar políticas sociales, además de para gastos en seguridad e infraestructura. La recaudación fiscal cobra aquí su vital importancia, puesto que el Estado hace frente a la deuda a través de los impuestos. Sin embargo, tanto Grecia como España son dos países que han estado gobernados por la ultraderecha durante décadas, creando la costumbre en los ricos de no pagar impuestos. El resultado ha sido un enorme fraude fiscal que los Estados democráticos han consentido. Por poner un ejemplo, en Grecia el año pasado, sólo declararon ingresos superiores a 100.000 euros al año 15.000 griegos de un total de once millones de ciudadanos. Se considera que casi la tercera parte de la renta nacional griega no se declara, lo que significa que la deuda estatal recae casi exclusivamente sobre las familias de rentas medias. La bancarrota es pues, fruto de la pérdida de ingresos por el impago de impuestos de las rentas altas, sumado a la corrupción política del anterior gobierno conservador heleno, que ocultó la realidad de las cuentas públicas con la complicidad del banco Goldman Sachs. Sin embargo, se culpa a los ciudadanos que “vivían por encima de sus posibilidades” y de nuevo el peso recae sobre la familias de rentas medias y bajas, que deben hacer frente a una deuda que no es suya.
De la aprobación del plan de ajuste presentado por el gobierno griego el pasado 29 de junio en el parlamento dependía la entrega a Grecia de los 12.000 millones de euros del quinto tramo del préstamo. La adopción de esta medida supone una reducción del gasto público a través del recorte de 150.000 funcionarios (el 25%) y rebajas en los presupuestos para servicios y prestaciones sociales, sin embargo Grecia seguirá siendo el cuarto comprador de armas del mundo, destinando en torno al 4% de su PIB a gastos militares (partidas ocultas aparte). Además, el plan de privatizaciones obliga al gobierno a vender en dos décadas activos públicos equivalentes a más de un tercio del PIB, el mayor proceso privatizador del mundo. El pueblo griego afrontará también una importante subida de los impuestos (por ejemplo, el IVA de bares y restaurantes pasa del 13 al 23%). Ante la situación, es conveniente destacar que desde el rescate en 2010 la cifra de desempleados ha sufrido un importante incremento, alcanzando una tasa de desempleo del 15% (seis puntos por encima de la media europea), más de un millón de griegos no tienen trabajo y el paro juvenil y el femenino son del 40%.
Por otro lado, los ciudadanos griegos al igual que los españoles han notado un fuerte incremento en el coste de la vida desde la entrada de ambos países en la Eurozona. Según datos de Euroestat, los precios de ambos países han sufrido una enorme subida respecto a la media europea. Al margen del IPC, en el caso de España el incremento del coste de la vida desde la entrada en el Euro ha sido del 14% y en el país heleno del 19%. Sin embrago, Alemania ha disfrutado de una reducción del 5% respecto a la media de Europa. Por su parte, los salarios medios y mínimos tanto en España como en Grecia siguen siendo muy inferiores a los de Francia, Holanda o Ingleterra, por ejemplo. Mientras que en los primeros un trabajador que cobre el SMI percibe 624 y 680 euros respectivamente, en en Irlanda cobraría 1.653€, en Bélgica 1.389€, en Holanda 1.385€ y en Francia 1.350€. La convergencia de precios que se deduce de los datos aportados por Euroestat muestra una homgeneización del coste de la vida en la UE, sin embargo, los salarios no se han visto incrementados de igual manera. Empobreciéndose así las familias de los países periféricos, que han visto caer su poder adquisitivo desde su entrada en la eurozona.
Los europeos comienzan a tomar las calles para poner en cuestión el dogma neoliberal que rige las políticas de todos los gobiernos de la Unión. El dominio de las derechas en la vida polítcia de Europa ha determinado que las economías periféricas se hayan tenido que endeudar como consecuencia de la imposición desde Bruselas de unas políticas fiscales regresivas. Hemos asistido a la vez a la total desregulación de los mercados. Los Estados podrían retomar parte de su soberanía imponiendo tasas sobre las transacciones financieras y acabando con los paraísos fiscales, así como reformando el sistema fiscal para hacerlo más progresivo y con la creación de una Banca pública que financie Pymes y autónomos. Ninguna de estas medidas se contemplan en el préstamo de 110.000 millones que en mayo de 2010 aprobaron la UE y el FMI para Grecia. El “rescate” arrastra a los ciudadanos a un periodo aún más hondo de recesión del que difícilmente podrán salir dadas las condiciones sobre las que está asentada la Eurozona. Grecia no puede devaluar su moneda ni incrementar el gasto para estimular la economía, dada las restricciones a aumentar el déficit.
La situación de quiebra en la que Grecia se encuentra se debe a la incapacidad del gobierno para hacer frente a una deuda pública que todos los Estados contraen con entidades financieras privadas con el fin de impulsar políticas sociales, además de para gastos en seguridad e infraestructura. La recaudación fiscal cobra aquí su vital importancia, puesto que el Estado hace frente a la deuda a través de los impuestos. Sin embargo, tanto Grecia como España son dos países que han estado gobernados por la ultraderecha durante décadas, creando la costumbre en los ricos de no pagar impuestos. El resultado ha sido un enorme fraude fiscal que los Estados democráticos han consentido. Por poner un ejemplo, en Grecia el año pasado, sólo declararon ingresos superiores a 100.000 euros al año 15.000 griegos de un total de once millones de ciudadanos. Se considera que casi la tercera parte de la renta nacional griega no se declara, lo que significa que la deuda estatal recae casi exclusivamente sobre las familias de rentas medias. La bancarrota es pues, fruto de la pérdida de ingresos por el impago de impuestos de las rentas altas, sumado a la corrupción política del anterior gobierno conservador heleno, que ocultó la realidad de las cuentas públicas con la complicidad del banco Goldman Sachs. Sin embargo, se culpa a los ciudadanos que “vivían por encima de sus posibilidades” y de nuevo el peso recae sobre la familias de rentas medias y bajas, que deben hacer frente a una deuda que no es suya.
De la aprobación del plan de ajuste presentado por el gobierno griego el pasado 29 de junio en el parlamento dependía la entrega a Grecia de los 12.000 millones de euros del quinto tramo del préstamo. La adopción de esta medida supone una reducción del gasto público a través del recorte de 150.000 funcionarios (el 25%) y rebajas en los presupuestos para servicios y prestaciones sociales, sin embargo Grecia seguirá siendo el cuarto comprador de armas del mundo, destinando en torno al 4% de su PIB a gastos militares (partidas ocultas aparte). Además, el plan de privatizaciones obliga al gobierno a vender en dos décadas activos públicos equivalentes a más de un tercio del PIB, el mayor proceso privatizador del mundo. El pueblo griego afrontará también una importante subida de los impuestos (por ejemplo, el IVA de bares y restaurantes pasa del 13 al 23%). Ante la situación, es conveniente destacar que desde el rescate en 2010 la cifra de desempleados ha sufrido un importante incremento, alcanzando una tasa de desempleo del 15% (seis puntos por encima de la media europea), más de un millón de griegos no tienen trabajo y el paro juvenil y el femenino son del 40%.
Por otro lado, los ciudadanos griegos al igual que los españoles han notado un fuerte incremento en el coste de la vida desde la entrada de ambos países en la Eurozona. Según datos de Euroestat, los precios de ambos países han sufrido una enorme subida respecto a la media europea. Al margen del IPC, en el caso de España el incremento del coste de la vida desde la entrada en el Euro ha sido del 14% y en el país heleno del 19%. Sin embrago, Alemania ha disfrutado de una reducción del 5% respecto a la media de Europa. Por su parte, los salarios medios y mínimos tanto en España como en Grecia siguen siendo muy inferiores a los de Francia, Holanda o Ingleterra, por ejemplo. Mientras que en los primeros un trabajador que cobre el SMI percibe 624 y 680 euros respectivamente, en en Irlanda cobraría 1.653€, en Bélgica 1.389€, en Holanda 1.385€ y en Francia 1.350€. La convergencia de precios que se deduce de los datos aportados por Euroestat muestra una homgeneización del coste de la vida en la UE, sin embargo, los salarios no se han visto incrementados de igual manera. Empobreciéndose así las familias de los países periféricos, que han visto caer su poder adquisitivo desde su entrada en la eurozona.
Marina Agraz / Pablo G. de Castro
Texto publicado en el nº 5 de la Revista NOTON (Ver revista online)
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